Sin siquiera anunciarlas en el grupo de Whatsapp oficial de la Asociación Gastronómica que preside Juan Castro, esas tenemos. Convocar unas elecciones de forma selectiva, sin anuncio oficial y mediante mensajes privados, no es un simple error de procedimiento: es una declaración de intenciones. La Asociación Gastronómica de Tarifa, presidida por Juan Castro, ha cruzado una línea peligrosa al organizar un proceso electoral marcado por la opacidad, la improvisación y la falta absoluta de garantías democráticas, al punto de ir en contra de sus propios estatutos. Y cuando eso ocurre, no pierde solo una asociación: pierde Tarifa.

Unas elecciones anunciadas para el lunes 26 de enero, “en un lugar por confirmar” y sin margen real para que se articulen candidaturas alternativas, no buscan renovar ni mejorar la entidad, sino perpetuar una gestión que ha demostrado ser profundamente deficiente. Una gestión que ignora estatutos, que no rinde cuentas de forma clara —con balances manuscritos que ni siquiera se entregan a los socios— y que ha sido incapaz de sacar adelante iniciativas clave como la XII Ruta del Atún, pese a contar con dotación pública para ello.

A esta falta de eficacia se suma algo aún más grave: la confusión entre asociación empresarial y militancia política. Que el presidente de una entidad que debería ser plural y representativa se exhiba públicamente con la camiseta de un partido político no es una anécdota, es un síntoma. Un síntoma de alineamiento partidista que compromete la independencia de la asociación y la convierte en una herramienta dócil, muda, incapaz de defender con firmeza los intereses de quienes dice representar.

El malestar entre los asociados es evidente. Las preguntas se repiten y son legítimas: si el presidente había anunciado su dimisión por motivos personales, ¿por qué sigue ahí?, ¿por qué este empeño en aferrarse al cargo?, ¿por qué hacerlo además de esta manera? La respuesta parece clara: porque el silencio, la confusión y la nocturnidad facilitan la continuidad sin rendición de cuentas.

Cuando una dirección es capaz de causar tanto daño a una asociación empresarial, callar no es una opción. Mirar hacia otro lado es aceptar que Tarifa siga perdiendo oportunidades, credibilidad y futuro. Una ciudad que aspira a crecer, a profesionalizar su tejido empresarial y a consolidar su marca no puede permitirse prácticas propias de otro tiempo, dictadas por siglas y no por el interés común.

Esto no va solo de una presidencia ni de unas elecciones. Va de dignidad asociativa, de transparencia y de decidir si Tarifa acepta seguir perdiendo… o empieza a exigir lo que merece.