El asunto de la seguridad privada, es algo que ha generado polémicas políticas siempre que el PP, en el Gobierno, ha defendido ampliar sus espacios. La oposición siempre ha acusado a los populares de tener mucha vinculación con las empresas de seguridad privada, un lobby importante en España, que tiene importantes multinacionales en este sector.  Interior ha redactado por tanto esta norma para satisfacer a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales. La nueva ley va a dar entrada a la seguridad privada en todos los espacios posibles, como el exterior de las cárceles y de algunos edificios públicos. Interior admite que la ley está pensada para eso, para que crezca la seguridad privada, pero en ningún caso, asegura, para que sustituya a la pública en asuntos fundamentales.

Sin embargo, Fernández no solo va a tener enfrente el PSOE, IU y UPyD. Tampoco a los representantes de policías y guardias civiles les ha gustado esta última redacción aprobada este martes. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, auguró que habrá “muchos problemas” entre la policías y los vigilantes privados con esta nueva norma, informa Servimedia. Mientras, la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguró que está “rotundamente en contra” porque considera que supone “una privatización encubierta” de la seguridad pública y habilita a “policías baratos” y menos formados. La incómoda: ¿Cómo ve que los vigilantes de seguridad puedan vigilar cárceles y centros de extranjería, patrullar por las calles, identificar y hasta detener a los ciudadanos?