La cita previa obligatoria se ha convertido en un quebradero de cabeza para cualquier ciudadano de este país que necesita realizar alguna gestión con la administración. Esta semana pasada me pasó al intentar registrar un escrito en la subdelegación de la Junta de Andalucía en Algeciras.
El impacto de la pandemia supuso el desarrollo de este modelo para ayudar al ciudadano en sus gestiones, pero la falta de medios humanos ha colapsado el contacto con la Seguridad Social, Registro Civil, Extranjería, etcétera… También la CCAA y algunos ayuntamientos obligan a esa cita previa, que no es sencilla de lograr.
Ahora con el inicio de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, este tema ha entrado en campaña, y el presidente del PP, Núñez Feijóo, ha recogido en su programa electoral la eliminación de la cita obligatoria previa en las corporaciones locales. Aunque resulta curioso, porque ahora aparece como promesa electoral, pero de momento sigue vigente donde gobiernan.
Los expertos opinan que las relaciones del ciudadano con ciertos servicios públicos se han convertido en un callejón sin salida, que hasta permitirían reclamar a la Administración una compensación ante estos retrasos, el problema de esa reclamación sería definir bien el perjuicio. Además, la batalla judicial duraría años en la vía contenciosa-administrativa.
Otro de los efectos de este problema es que ha generado un mercado negro alternativo de citas previas. La reventa, que ya se conocía en los partidos de fútbol de máxima rivalidad, ha llegado a este tipo de situaciones. Las tarifas pueden llegar desde los 50 a los 200 euros ante la ineficiencia de la administración para resolver este problema.
El abogado y profesor de Derecho Administrativo Diego Gómez, experto en Derecho Urbanístico, ha dado la alerta en su blog por la cantidad de consultas sobre la legalidad de la cita previa que recibe desde septiembre del 2022, “una herramienta que la Administración tiene pero que no puede imponer”.
A juicio de este experto en derecho público, “la situación es muy grave, con este tipo de iniciativas la Administración se coloca al margen del derecho. Ya lo dice el artículo 103 de la Constitución, que señala que debe servir a los intereses generales sometiéndose de forma plena a la ley y al derecho. Y ese sometimiento pleno viene dado porque no tiene una legitimidad democrática directa, solo la tiene si el legislador la confiere”.
Desde su punto de vista “ahora las administraciones actúan al margen de la ley. Desde hace meses están actuando por la pura fuerza sin legitimidad democrática ni respaldo normativo para hacer lo que hacen”. El contacto con la Seguridad Social pasa por la cita previa que hay que pedir telemáticamente, pero no tiene sustento jurídico, ni puede ser.
El problema deriva del Gobierno de Aznar que fue adelgazando la Administración (desde el 2012 hay cerca de 60.000 funcionarios menos en la Administración). De aquellas lluvias estos lodos. Se han incrementado las plantillas de las CCAA, pero las de la Administración General del Estado ha caído en picado. En la Seguridad Social no hay gente para gestionar Pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, y el ministro Escrivá lo sabe.
Es más, la plataforma CIVIO ha realizado un trabajo de investigación sobre esta cuestión, mapeando con un robot el acceso a la Seguridad Social buscando cita tres veces al día durante dos semanas: en 43 de las 414 oficinas abiertas no había ninguna para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 para el ingreso mínimo vital. Y, cuando sí las hay, la mitad de veces es para, como mínimo, dos o tres semanas más tarde.
Además, el mantenimiento de la cita previa, pasadas las restricciones de la pandemia, infringe derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a respetar los principios de proximidad y servicio efectivo.
Este, no me cabe la menor duda, es un problema de voluntad política del Gobierno, que para resolverlo debería adoptar varias medidas. Entre ellas estas tres podrían ser muy efectivas: Primera, reforzar los servicios de atención al público, no se trata de contratar a más gente sino de redistribuir las plantillas existentes para que estos servicios de cara al público tengan más efectivos.
Segunda, mejorar la tramitación de los procedimientos electrónicos porque hay mucha gente que se maneja bien por internet y podría tramitar ese procedimiento sin tener que acudir ni presencialmente ni pedir esa cita previa. Es importante que todos estos procedimientos físicos se vayan adoptando a Internet para evitar este tipo de desplazamientos de los propios interesados.
Y tercera, no seguir pidiendo a los ciudadanos documentación que ya tiene de nosotros por otras consultas. En muchos casos, además los puede obtener consultando con las fuentes de otras administraciones. Recientemente, lo ha dejado claro, una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de enero de 2023 donde se habla del derecho a no presentar esos documentos cuando ya los tienen las administraciones.
Así que, pasada la pandemia hay que normalizar las relaciones del ciudadano con la administración, y si no se hace, generar un movimiento nacional de ciudadanos indignados que logren tumbar esta cita previa obligatoria, haciendo ruido en la calle, con escritos a los medios informativos o utilizando instituciones del Estado infrautilizadas como el Defensor del Pueblo para que presionen a las instituciones y anulen la cita previa por ilegal. No podemos seguir más tiempo viviendo así.
