IAM/OPINIÓN
El equipo del gobierno municipal de Algeciras, tras el amplio ventanal abierto de cara a su solución al contencioso que desde hace más de seis años que mantiene el Ayuntamiento con el propietario del Club Hípico Botafuegos al declarar sus instalaciones de interés cultural, ha mirado para la Escalinata y ha dado un gran paso que puede ser el definitivo para solucionar este problema tan judicializado y enquistado desde hace ya demasiados años. Se trata de que El Consistorio inicia la ejecución del fallo del ‘parking’ Escalinata. La Junta de Gobierno Local aprueba comenzar el expediente, sin aclarar si éste conlleva la demolición del aparcamiento ilegal Otorga a la concesionaria Nautagest 15 días para alegar. El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado el expediente para la ejecución de la sentencia del aparcamiento Escalinata, que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en diciembre de 2004. El acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de mayo a propuesta del concejal de Urbanismo, Diego González de la Torre. El delegado de Urbanismo, en su propuesta, relata que la sentencia contra el parking es firme después de que el Tribunal Supremo ratificara en noviembre de 2012 el fallo por el que se declaraban nulos los artículos del Plan Especial de Movilidad Urbana por los que se pretendía regularizar el estacionamiento. A raíz de esta resolución, González de la Torre propone -con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno Local- «iniciar el expediente de ejecución de sentencia de acuerdo con la obligación de esta administración pública de prestar colaboración para la debida y completa ejecución de lo resuelto por los juzgados y tribunales». El presidente de la comunidad del edificio Escalinata, Emilio García Romero, se pronunció ayer sobre estos acuerdos. «Parece que los responsables municipales pretenden dar carpetazo al tema de las oficinas ordenando sólo su clausura. Eso es volver a burlar la acción de la justicia, ya que ellos saben, o deben saber, que la anulación de una licencia lleva, como efecto jurídico implícito, la demolición de lo construido de forma ilegal».
