El jueves antes de empezar el debate en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, varios diputados y activistas de Amnistía Internacional posaron con una mordaza en la boca en las escalinatas del Congreso para escenificar el rechazo a esta ley. Desde la tribuna de oradores hizo lo mismo el portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo. Solo fueron unos segundos, pero suficientes para mostrar la oposición de todos los diputados -menos los del partido del Gobierno- a esta ley que podría entrar en vigor a principios de 2015, pues las enmiendas a la totalidad fueron tumbadas por la mayoría absoluta del grupo popular.Esta ley, de inspiración innegablemente franquista, penalizará y limitará las protestas, el derecho de expresión y manifestación y cuantos derechos molesten a los gobernantes y a las fuerzas de seguridad del estado. Es más, deja en manos de las propias fuerzas del orden considerar cuando se producen “amenazas, insultos, coacciones, injurias o vejaciones” hacia los agentes. Ahora el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nos dice que de las 58 infracciones que figuraban en el borrador han quedado solo 47 en el proyecto de ley, pero ni por esas han logrado disminuir ni un ápice las críticas de la oposición y la ciudadanía a esta ley mordaza.Uno de los cambios introducidos por el grupo popular ha sido la calificación del castigo por participar en manifestaciones no autorizadas. En el borrador se consideraba falta grave, ahora  se ha rebajado a leve. No obstante, para los portavoces parlamentarios la supuesta bondad del cambio no es tal. Los portavoces prefieren que la decisión quede en manos de un juez -como en el caso de los delitos- y no en las de la autoridad gubernamental con posibles multas demenciales con las que se va a castigar cualquier insumisión o desacuerdo.Otro asunto criticado por la oposición fue la posibilidad de detención o retención hasta un máximo de seis horas. No se sabe si habrá rectificación a través de enmiendas parciales en las posibles modificaciones de la ley que los grupos parlamentarios intentaran introducir antes de su aprobación definitiva. Aunque el grupo popular no las aceptará, porque con esta ley quiere restringir de forma clara libertades y derechos.Toda la oposición, colectivos sociales y profesionales del derecho consideran esta ley propia de un Estado policial que quiere recortar libertades. Pero no cabe duda, esta es una ley innecesaria que aleja a nuestro de país de los estándares democráticos. Supone la vuelta definitiva a un franquismo descarado, por si ya no teníamos bastantes indicios con la impunidad de la corrupción, la falta de responsabilidades y la negativa a dimitir, aunque se haya metido la mano o la pata.Y esto ocurre en nuestro país porque la gran rebaja de valores morales y democráticos ha devenido hoy en el mal gobierno de la crisis del ébola, la crisis en Cataluña y el escándalo de las tarjetas de Bankia. Esta es una ley de vergüenza o más bien de poca vergüenza para cualquier Estado democrático. Y para mí está muy claro que si el grupo mayoritario en el Congreso no hace leyes justas, las tendrá que hacer el pueblo organizado políticamente, pues ahora no lo está, aunque lo parezca.