En el origen de nuestro Estado Autonómico -gestación constituyente, 1978-, se tuvo en cuenta, como prioridad aparente, el respeto por la idiosincrasia de cada comunidad en todos los ámbitos: geográfico, histórico, cultural, tradicional, lingüístico y costumbrista.
La Organización Territorial del Estado se recoge en el articulado del Título VIII de nuestra Constitución, donde consta sin ambages la sana intencionalidad y buena fe de quienes lo redactaron en un contexto histórico muy crítico como fue el tránsito pacífico de una dictadura hacia el Estado democrático.
Al mismo tiempo se intentó armonizar el espíritu de solidaridad entre los pueblos para que las regiones más privilegiadas económica y estructuralmente sirvieran de motor y apoyo al desarrollo de aquellas comunidades menos afortunadas. Es la misma tendencia a la simetría igualadora que preconiza la filosofía federalista, fundamento del éxito en otros países de nuestro entorno.
Sin embargo, el Estado autonómico vuelve a mostrar una de sus peores caras cuando se impiden acciones políticas concertadas que permitan aliviar la situación de emergencia humanitaria en Canarias, con 5812 menores no acompañados bajo su tutela.
El PP ha roto las negociaciones y rechaza cualquier tipo de pacto. Otra vez nos encontramos con una descarada utilización política de la crisis migratoria. Además, pronto pasará también en las Baleares, porque hay un continuo aumento del uso de la nueva ruta migratoria desde Argelia a las islas, que añadirá más presión.
El recurso más triste y cobarde de todos, que justifica esta pasividad, es el politiqueo. También la multiplicidad de vetos cruzados. Por ejemplo, el de Vox sobre el PP en las Comunidades que gobierna, pero manteniendo, eso sí, en el aire, las cuentas de seis gobiernos autónomos de los peperos. Pero, además, presumiendo de tal hecho, recordando que el último Presupuesto del Gobierno es de 2023, cuando “eso no ocurre en nuestras comunidades”, según afirman.
O la actitud de Junts, también presionado por su temor a perder pie en la cuestión migratoria a favor de Alianza Catalana, que ha venido impidiendo hasta ahora llegar a una solución de conjunto para impulsar el reparto obligatorio de menores migrantes.
Ahora, parece haberse alcanzado un acuerdo, al menos, para reubicar a 4.000 menores, además de 500 procedentes de Ceuta, en diferentes regiones del país. Aunque el proyecto gubernamental de reforma integral de la ley de extranjería, que permitiría aplicar un mecanismo de solidaridad automático, sigue contando con el veto del partido de Puigdemont.
Ignoro cuál será la posición del PP al respecto. Podría desbloquear la futura reforma, pero parece perseverar, como algunos líderes autonómicos del mismo partido, en no facilitar las cosas al Gobierno y, de paso, no entrar en rumbo de colisión con un Vox crecido por los éxitos populistas en otros lugares de Europa.
España está comprometida por el Pacto de Inmigración y Asilo, y no podrá desviarse en exceso de sus postulados. Pero no estamos hablando sobre cuál deba ser la política migratoria general, aunque no nos vendría mal hincarle el diente con un debate público sensato.
En realidad, se trata de establecer mecanismos de solidaridad con los más afectados, como por otra parte hace la propia UE. Tiene narices que lo que es posible en Europa, asegurar un reparto mínimo entre los Estados miembros, encuentre tantas resistencias en nuestro propio país.
