Los Veintisiete han acordado este viernes autorizar a la comisaria de Pesca, María Damanaki, a retomar los contactos con Rabat para un nuevo acuerdo pesquero que reemplace al vetado por la Eurocámara el pasado diciembre. La posición consensuada por los gobiernos europeos evita cualquier mención expresa al Sáhara occidental, referencia a la que se oponían España y Francia, y necesita el visto bueno del Parlamento Europeo para tener validez.

El mandato negociador «no hace referencia» a la ex colonia española, según han informado fuentes europeas a Europa Press, sino que introduce una «descripción geográfica» de las regiones cubiertas por el acuerdo y que, por tanto, deben beneficiarse de las ventajas que ofrece el pacto. En concreto, el texto menciona el ‘sur 27°40’N’

El texto sí exige a Rabat garantías del «pleno cumplimiento de sus obligaciones en línea con el Derecho internacional», han explicado las fuentes, que añaden que Reino Unido y Suecia han votado en contra del mandato porque no hay referencia expresa a la ex colonia española, y otros países, como Alemania e Irlanda, han expresado reservas.

En cualquier caso, durante una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, los Veintisiete han sumado una mayoría suficiente para respaldar la posición negociadora que deberá ser respaldada formalmente por el Consejo en una próxima reunión de ministros europeos. Para que Damanaki retome las negociaciones necesita también el visto bueno del Parlamento Europeo.

Bruselas espera cumplir lo que queda del proceso «con la máxima celeridad posible» para pactar un nuevo régimen pesquero, han indicado fuentes próximas a la comisaria, que, sin embargo, han subrayado que «sin el voto del Parlamento el mandato no vale».

Fuentes comunitarias también advierten de que está por ver si la posición negociadora de la Unión Europea convence a la contraparte marroquí y recuerdan que el acuerdo anterior necesitó cinco años de conversaciones. «No podemos dictar la velocidad (con la que negociará) Rabat», explican.

Así las cosas, la presidencia danesa de la Unión Europea, país que tradicionalmente se ha alineado en este asunto con los países con mayores reservas como Suecia, Reino Unido y Finlandia, ha redactado la fórmula de consenso que deja fuera una mención expresa del Sáhara occidental, para salvar la oposición de Francia y España.

No obstante, los daneses quieren adjuntar al mandato una declaración que sí contenga una «referencia clara al territorio» saharaui, han indicado fuentes diplomáticas, con el objetivo de convencer a países reticentes como Países Bajos, Irlanda y Alemania, y desactivar la minoría de bloqueo que formaban estas delegaciones con Londres y Estocolmo.

La cuestión del Sáhara occidental, cuya población denuncia la sobreexplotación de sus recursos y reclama que sean excluidos de cualquier acuerdo con Marruecos, es el punto más polémico en las relaciones pesqueras de la Unión Europea con el país magrebí. Pero no ha sido el único escollo, ya que la Eurocámara esgrimió otras dudas respecto a la rentabilidad económica del convenio pesquero y reclamó garantías de pesca sostenible.

Con el compromiso de atender la petición de la Eurocámara, Damanaki ha trabajado en una propuesta que se asienta sobre tres ejes: medioambiental, económico y legal. Es una propuesta modificada porque inicialmente la comisaria intentó, sin éxito, negociar dejando fuera las aguas saharauis.

Finalmente, Bruselas apuesta por un nuevo acuerdo para pescar únicamente el «excedente» que quede acreditado por informes científicos en los caladeros gestionados por Rabat, lo que implicaría revisar el número de barcos, el tipo de artes y las cuotas para la flota comunitaria.

También deja claro que la contrapartida económica por esta pesca debe ser revisada para ser «ajustada» a lo que realmente se captura y se incluirá una cláusula sobre Derechos Humanos y principios democráticos. Marruecos, además, deberá respetar el Derecho internacional e informar «con regularidad» del uso que da a los fondos europeos recibidos y de su impacto en las poblaciones locales.

España es el principal valedor del acuerdo con Marruecos por sus intereses para la flota española y porque considera al país magrebí un socio estratégico de la Unión Europea. El veto ha afectado a 64 barcos españoles, aunque la UE cuenta con más de un centenar de licencias -en su mayoría canarias y andaluzas– para operar en el marco del acuerdo.