En estos días atrás se ha mantenido una reunión entre Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y alcaldes de diferentes localidades de la provincia, donde delimitaron varias zonas de riesgo teniendo en cuenta la información obtenida de la investigación epidemiológica que determinan las zonas de predisposición y otras fuentes, como la procedentes del sistema de vigilancia de equino.

«No cabe la mayor duda que debemos de aunar esfuerzos desde todas las administraciones públicas para prevenir de forma urgente y necesaria con diferentes actuaciones que eliminen directamente al mosquito que ahora mismo es un enemigo letal, aunque según estudios de profesionales médicos solo afectan gravemente al 1% de los infectados», ha señalado el portavoz andalucista, Miguel Molina.

AxSí advierte de que algunos pueblos, especialmente de la comarca de la Janda, están saturados, desbordados e incluso con problemas económicos adversos con el contexto actual dada la pandemia nacional y del cual se está generando unos montantes económicos imprevisibles para las administraciones locales y están soportando, por tanto, que el gasto en este ejercicio ha aumentado incluso por encima de sus posibilidades y en algunas veces en competencias de otras administraciones públicas.

«Por tanto, entendemos que los Ayuntamientos no pueden volver a acarrear el peso económico de las diferentes actuaciones que deban de llevarse a cabo en estos días y próximas semanas, ya que hay que velar por el interés general de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas», señalan.

«A pesar de que podríamos acudir a la legislación estatal y autonómica para justificar que las competencias en este asunto en materia de Salud Pública y de vigilancia e intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles son de la Comunidad Autónoma no debemos olvidar la implicación que deben tener en todo este asunto y que se trabaje de manera coordinada poniendo recursos para ello», apunta Miguel Molina.

Molina afirmó que «de lo que no cabe lugar a dudas es que se requiere de una actuación urgente de parte de la administración competente pero que las demás administraciones debemos implicarnos y asumir que debemos evitar males mayores».