Cepesca ha tomado esta decisión tras someterla a la aprobación de su Junta Directiva y considerar que la gravedad de los hechos y las conductas, de los que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, afectan directamente al sector pesquero y, consecuentemente, a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que se encuentran promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.
Cepesca ha argumentado en su escrito de personación, que, de confirmarse los hechos aparecidos en los medios de comunicación, tales como la introducción en el mercado de atún rojo ilegal, en mal estado, el uso de aditivos y colorantes para hacer pasar por atún rojo otros túnidos pertenecientes a otras especies o la falsificación documental, atentan directamente, no sólo contra los intereses del sector pesquero español, sino también de los propios consumidores.
Igualmente, Cepesca considera que el hecho de que se haya personado el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la causa, constituye un indicio claro de la gravedad de estos hechos.
La patronal pesquera ha utilizado los servicios jurídicos de Islaw Abogados.
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, con esta personación queremos salvaguardar, de forma objetiva, los intereses del sector pesquero español en su conjunto y mostrar nuestro enérgico rechazo ante conductas presuntamente irregulares y fraudulentas que afectan, además, a la inmensa mayoría de los operadores de este sector que desarrollan su actividad con absoluta honradez y cumpliendo escrupulosamente la ley.
Según la información de la que se dispone, la Operación Tarantelo, todavía en fase de investigación judicial, ha dejado al descubierto una red que presuntamente introducía anualmente en nuestro país más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta (2.500 toneladas al año) e Italia (1.000 toneladas de atún rojo ilegal sólo en el primer semestre de 2018), generando un beneficio ilícito global anual de unos 25 millones de euros.
La operación, según informó la Guardia Civil, se ha desarrollado en 12 provincias de nuestra geografía y aún sigue abierta, se salda hasta el momento con 79 detenidos, todos españoles, y 49 registros en los que se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, medio millón de euros en efectivo, diversos bienes de gran valor y coches de alta gama, así como gran cantidad de documentación que vendría a demostrar el blanqueo en la comercialización de atunes capturados ilegalmente y sus ganancias ilícitas.
