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Diario Digital | 27 de junio de 2022 19:21

Acusan a Educación de utilizar a la alumna tarifeña Blanca para vengarse de su padre, delegado sindical

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USTEA Cádiz considera que la situación de Blanca puede tratarse de un caso de represión sindical ya que la niña es hija de un delegado y liberado del sindicato.

A comienzos de enero nuestro compañero Pablo Díaz, delegado sindical y miembro del equipo de liberados de USTEA Cádiz, tuvo un terrible accidente de coche cuando circulaba cerca de Loja al ser su vehículo embestido de frente por una conductora que dio positivo en el test de drogas. Fallecieron dos hermanas, una de ellas también docente, que iban en la parte trasera del vehículo, mientras que él y su pareja ingresaron en la UCI y fueron sometidos a varias intervenciones quirúrgicas, a las que siguió un largo proceso de rehabilitación.

Durante todo este tiempo sus dos hijas, entonces de 10 y 8 años, permanecieron en Loja, localidad de Granada, al cuidado de familiares, donde fueron escolarizadas. Allí estuvieron la segunda evaluación, hasta que la mejoría de sus progenitores permitió plantear el regreso a Tarifa. Es en este punto en el que empieza el problema.

Los padres intentaron que sus hijas volvieran al colegio en el que estaban, CEIP Nuestra Señora de la Luz de Tarifa. La Delegación de Educación lo permite con la mayor, pero no con la menor. Así pues, Blanca, la niña de ocho años, es reubicada en otro centro educativo de la localidad. Tercer centro educativo en un solo curso para una niña que acaba de vivir una situación muy dura.

Desde el principio los padres han solicitado la escolarización de la niña en su antiguo centro. La Delegación de Educación se ha negado en todo momento, aferrándose al hecho de que la hija de una docente interina pasó a ocupar la plaza que dejó Blanca al escolarizarse en Loja, por lo que en su antigua clase son ya 25 alumnos, la ratio máxima legal permitida para Primaria. El padre, delegado sindical, con años de experiencia a sus espaldas, solicita algo que sabe que es perfectamente legal: el artículo 87.2 de la LOE, incluido tanto en la LOMCE como en la LOMLOE, establece la posibilidad de un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por aula para dar respuesta a situaciones de escolarización sobrevenida.

Para Ustea la actitud del delegado de Educación ha producido un enérgico rechazo de toda la comunidad educativa. El director del CEIP Victoria, de Loja, dejó constancia en un escrito de que la niña había tenido problemas de adaptación debido a la experiencia vivida y que lo mejor para «su delicado estado emocional y afectivo» era volver al grupo-clase anterior. Lo mismo solicitaron tanto la directiva como el claustro del colegio de Tarifa, y las madres y los padres, que han recogido firmas y dirigido un escrito a la Delegación de Educación pidiendo su reincorporación. Ha habido pronunciamientos públicos: artículos de opinión en prensa firmados por María Jesús de León, presidenta de Junta de Personal Docente, o Manuel Santander Díaz, ex inspector de educación, que dijo no poder comprender la actitud de delegación y apuntó a una posible vulneración de los derechos de la menor, recordando que por encima de todo está la Ley del Menor. Y, finalmente, en una línea similar, el mismísimo Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, que dice que ante todo hay que actuar «en interés superior de la menor».

Durante todo este tiempo tanto Miguel Andreu Estaún, delegado de Educación, como Joaquín Mateo, jefe de servicio de Planificación y Escolarización, se han mantenido inflexibles. Mateo ni ha respondido a los padres, actitud que no nos extraña en una persona que ha conseguido poner de acuerdo a todas las organizaciones de la Junta de Personal Docente para pedir su dimisión.

Según el sindicato, a día de hoy el jefe de Inspección, José María González García, tampoco se ha dignado a responder a la petición de los padres de Blanca de una reunión para tratar el tema. Una petición que no solo han efectuado por correo electrónico, sino también a través de la dirección del centro, pues la directora ha elevado la solicitud de los progenitores por ventanilla electrónica al Servicio Provincial de Inspección Educativa. La Inspección Educativa tiene la obligación de atender a las familias, y cuando no lo hace estas quedan desamparadas. «El silencio de González García, Jefe de Inspección, nos consterna y nos da que pensa», afirman.

«Desde USTEA Cádiz somos incapaces de entender la actitud de la delegación de Educación, a no ser que estemos ante un caso de represión sindical: una venganza en una niña de ocho años de un sindicato, el nuestro, que denunció al delegado de Educación por una situación generalizada de ratios ilegales. Exigimos que se use ese 10% reservado para la escolarización excepcional para solucionar el caso de Blanca, un 10% que la administración sí está usando para la escolarización ordinaria, haciendo que ya a comienzos de curso haya numerosas aulas con más de 25 alumnos/as en Primaria, más de 30 en Secundaria y FP o más de 35 en Bachillerato. Una situación generalizada en nuestra provincia y en Andalucía que hace que el caso de Blanca sea todavía más indignante. Y recordamos, finalmente, que ante todo está el bienestar de la menor».

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