El grupo acusa al alcalde de no impedir que se afecte la vida, la integridad y la salud de personas exigiendo que la administración judicial de Algeciras actúe ante las denuncias que se vienen produciendo desde hace años, ya que el mero hecho de “no hacer”, los convierte en cómplices de los actos de omisión del Ayuntamiento desamparando judicialmente a la población.

Todas las veces que se denuncian los atropellos medioambientales ante la Comisión Europea, ésta se excusa indicando que la responsabilidad se encuentra en manos de los Estados miembros, citando más de una vez a la Fiscalía como ente adecuado de asumir esa función. Sin embargo, la experiencia demuestra que ésta omite sistemáticamente toda denuncia ante la impotencia de la población, manifiesta su portavoz Rosmarie Hennecke.

El alcalde a su vez está permitiendo, gracias a la prórroga contra derecho del contrato con Aqualia  (contencioso administrativo pendiente por parte de la Plataforma ciudadana Somos Tarifa)  que esta empresa no actúe realizando correspondientes muestras y análisis de dichas aguas para dirimir la existencia del SARS-Cov-2 en la salida de dichas aguas fecales como otras detectadas en el municipio de Tarifa ya que son responsables del denominado “ciclo del agua” en la industria que se divide en dos etapas = abastecimiento y saneamiento.