La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha exigido al Consorcio Provincial de Bomberos que se centre en el pago de las nóminas de sus trabajadores (a los que se les adeuda más de 100.000 euros en total del fondo social) y se deje de anunciar macroproyectos cuando su situación financiera es muy difícil de mantener.
Como apunta la sección sindical de los Bomberos de CSIF-Cádiz, “debe ser una broma de mal gusto o una tomadura de pelo por parte del presidente del Consorcio, Fernando García, al anunciar la creación en la Zona Franca de Cádiz de un centro multidisciplinar de I+D+i sobre el fuego y la seguridad, cuando aún hoy desconocemos si se van a abonar las nóminas de todos los trabajadores mes a mes”. CSIF recuerda que hace unos días se ha aprobado en Diputación (socio mayoritario en el Consorcio) una operación de crédito por importe de algo más de dos millones de euros, presuntamente para poder afrontar las nóminas del mes de septiembre y octubre de los más de 500 trabajadores del Consorcio de Bomberos.
Con su propuesta de crear el centro multidisciplinar de I+D+i sobre el fuego y la seguridad en colaboración con la Zona Franca de Cádiz, es suficiente motivo para que el presidente de la Diputación, que conoce muy bien la situación real de los bomberos, hubiese llamado al orden al responsable del Consorcio. Esta central sindical puede entender que la creación de este centro presuntamente acarrearía la creación de un nuevo puesto político o que se trata simplemente de otra de las “brillantes ideas” del presidente del Consorcio, cuya gestión, el derroche en el gasto y unos sueldos elevadísimos en los puestos de jefaturas hacen que la continuidad de este ente provincial sea imprevisible.
CSIF recuerda que solicitó al actual presidente del Consorcio que realizara una auditoría cuando tomó posesión del cargo en diciembre de 2011, pero, lejos de hacerla y ver cómo estaban las cosas, tras más de 30 años de gestión del PSOE, decidió seguir en el dispendio y lo primero que hizo fue subirse el sueldo a primeros del 2012, mientras que a trabajadores, pensionistas y empleados públicos el gobierno de la nación de su mismo partido, el PP, recortaba sueldos y derechos.
