En el Consejo de Ministros de hoy no se tramitará finalmente el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ya que según Fernández Díaz, Ministro del Interior, aún faltan algunos detalles para ultimar el borrador de esta iniciativa del Gobierno. Ayer jueves el presidente Rajoy había avanzado que lo más probable es que este texto fuera aprobado por el Consejo de Ministros la semana que viene, aunque dejaba la puerta abierta a que se adelantara a este viernes.

La futura ley Fernández consta de 55 artículos frente a los 39 de la anterior de Corcuera, y en muchos de esos artículos subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, se faculta a la policía para establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.

La ley regulará también las diligencias de cacheo e identificación abriendo la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso. Hasta ahora con mostrarlo era suficiente. Esta es una ley hecha por el PP a la altura de sus miedos, y que según toda la oposición parlamentaria será recurrida una vez aprobada ante el Tribunal Constitucional, igual que ocurrirá con la ley Wert.

Pero lo que más llama la atención de esta ley es que según la información del propio Ministerio del Interior el anteproyecto o borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido encargado a profesionales de la policía que han desarrollado su labor en las Unidades de Intervención Policial -antidisturbios-, convirtiendo así a los policías en legisladores. Algo de lo que no podemos culpar a los policías sino a los políticos del PP.

Así no me extraña que en el borrador presentado se haga especial hincapié en la protección de los antidisturbios. De forma directa cuando sanciona como infracción muy grave “insultar, coaccionar y vejar” a los agentes o distribuir imágenes en las que aparezcan los policías. Y de un modo general al tipificar todas las conductas que pasan a estar prohibidas en una manifestación y que inciden en la labor que desarrollan los miembros de los antidisturbios de la UIP.

El Ministro del Interior, Fernández Díaz, ya ha anunciado públicamente que el nuevo Código Penal incluiría como delito la resistencia pasiva a los agentes o convocar manifestaciones que luego desemboquen en altercados. Lo que después ha sido desmentido por el titular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. La resistencia pasiva nunca estuvo dentro del proyecto de reforma del Código Penal Procesal, pero Fernández Díaz se ha salido con la suya en la convocatoria de manifestaciones. Porque no serán delito, pero su Ley de Seguridad Ciudadana prevé recogerla como infracción muy grave castigada con hasta 600.000 euros de multa.

Mariano Rajoy al nombrar a su buen amigo Fernández Díaz como Ministro del Interior, le encomendó mantener el orden público en una legislatura que sabia conflictiva por la crisis y sus recortes. Y el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, lo primero que hizo fue asumir la reforma pendiente de la Seguridad Ciudadana, el instrumento con el que el Gobierno pretende hacer frente al malestar ciudadano, debido a los duros autos de los jueces contra la actuación policial en los casos de los escraches a la vicepresidenta del Gobierno y al  intento de Interior de llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso.

Este anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana se convertirá en un grave problema para nuestro país y los derechos y libertades de las personas, pues nuestros derechos civiles van a ser pisoteados debido a que su redacción represiva nos retrotrae a tiempos preconstitucionales y hace ilegales a la mayoría de los ciudadanos. Así que tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que ponga las cosas en su sitio, porque aún siendo triste la única oposición efectiva, que le queda a la ciudadanía en defensa de sus libertades y derechos constitucionales, está en la calle y por eso quieren amordazarla. Y es que las urnas dependen de la conciencia social de la clase trabajadora, pero en las últimas elecciones se equivocó dándole la mayoría a Rajoy, sin creerlo y sin ponderar las cosas que podía hacer. Y, claro, así nos va.