Moreno y Rodríguez Gómez de Celis han mantenido este martes durante algo más de una hora su primer encuentro desde la llegada del popular a la Presidencia de la Junta, en el que no se ha puesto fecha definitiva a la reunión que Moreno ha solicitado con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.
Ambas administraciones han resaltado el «ambiente cordial» en el que ha transcurrido la reunión, que han enmarcado en el diálogo que quieren mantener «dentro de la normalidad y lealtad institucional».
Rodríguez Gómez de Celis ha hecho llegar a Moreno la preocupación del Gobierno por la «posible deriva hacia un menoscabo de los derechos de la mujer y de la lucha contra la violencia de género» fundamentada, ha dicho, en los acuerdos de gobierno alcanzados en Andalucía.
«El presidente me traslada que todo lo que está legislado y formalmente constituido no va a sufrir menoscabo y eso nos tranquiliza, aunque seguiremos pendientes y alerta», ha dicho el delegado, algo que ha refrendado el consejero de la presidencia, Elías Bendodo.
El consejero ha reiterado el «compromiso» de la Junta con las políticas contra la violencia de género y ha recordado que en el pacto con Ciudadanos se incluyó impulsar un gran acuerdo en esta materia en los primeros cien días de gobierno, que se dotará presupuestariamente para «impulsar la lucha contra esta lacra social».
Rodríguez Gómez de Celis ha mostrado también la «honda preocupación» del Gobierno por que el pacto «con la ultraderecha» pueda hacer que «se vean en peligro los funcionarios de la administración sanitaria, que tengan que convertirse en una especie de Policía en el trato y la asistencia a los inmigrantes», a lo que se le ha respondido que «las leyes vigentes seguirán estándolo».
Rodríguez Gómez de Celis ha pedido a Moreno que solicite al PP su abstención en la votación de los presupuestos del Estado en el Congreso y que contemplan más de 22.000 millones de euros para Andalucía, mientras el presidente andaluz le ha trasladado su preocupación por la negociación con los independentistas catalanes y la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica.
El delegado del Gobierno ha anunciado por último que va a convocar a representantes de la Junta para «intentar hacer de Andalucía un territorio libre de pozos y de extracciones ilegales», con el objetivo de que «nadie más sufra un accidente y preservar el ecosistema que está siendo dañado».
