La Junta de Andalucía ha asegurado que trabaja para ofrecer «seguridad jurídica» a los empresarios del litoral gaditano después de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que afecta directamente a varios chiringuitos de Tarifa y Rota.
La resolución judicial anula la modificación de las concesiones que permitía a una veintena de establecimientos mantener estructuras fijas sobre la arena durante todo el año, al estimar un recurso presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre los negocios afectados se encuentran varios ubicados en playas tarifeñas.
Desde la Junta han querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector, subrayando que la sentencia se refiere a expedientes concretos y que no implica una revisión generalizada de todas las autorizaciones existentes en el litoral andaluz.
El Gobierno andaluz sostiene que el fallo refleja una discrepancia de criterios mantenida durante años con la Demarcación de Costas sobre la permanencia de determinadas instalaciones. En este sentido, defiende que es posible compatibilizar la protección ambiental del litoral con la actividad económica y turística cuando existen informes técnicos favorables y se cumplen las garantías medioambientales exigidas.
La decisión judicial genera preocupación en un sector especialmente relevante para Tarifa, donde los chiringuitos forman parte de la oferta turística vinculada a sus playas y representan una importante fuente de empleo durante buena parte del año.
Por su parte, la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (AECCA) considera que la situación es consecuencia del desacuerdo entre distintas administraciones y lamenta que sean los empresarios quienes estén soportando las consecuencias de esta falta de entendimiento.
El presidente de la asociación, Antonio Guerrero, ha mostrado su confianza en que la situación pueda reconducirse tras la reunión prevista para el próximo 2 de julio con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo será buscar una solución que permita mantener la actividad de unos negocios que consideran fundamentales para la economía de municipios costeros como Tarifa.
Mientras tanto, la Junta continúa analizando el alcance de la sentencia y estudiando alternativas que permitan garantizar la continuidad de la actividad económica ligada a los chiringuitos dentro del marco legal vigente.
