Sindicatos y patronal han presentado al Ejecutivo una propuesta conjunta, consistente en prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre, en los mismos términos que en la actualidad, pero el Gobierno no lo ha aceptado, según han explicado a Europa Press diversas fuentes de la negociación.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha precisado que el Ejecutivo se niega a mantener la figura del ERTE de fuerza mayor total y, por tanto, a seguir exonerando a las empresas de la totalidad de las cotizaciones.

«Hemos debatido durante cuatro horas, pero no ha habido ningún punto de encuentro ni propuesta alternativa por parte del Gobierno», ha señalado Vicente, que en todo caso ha apuntado que existe disponibilidad en los agentes sociales a seguir negociando si el Ejecutivo les presenta una propuesta en esa línea o en otra diferente.

El Ministerio de Trabajo considera que en la nueva normalidad, sin estar vigente el estado de alarma, no tiene sentido mantener el ERTE de fuerza mayor total, pero sí el parcial, y en esa línea iba su propuesta del pasado lunes.

Fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz han indicado a Europa Press que confían en el diálogo social y que esperan llegar a un acuerdo para prorrogar los ERTEs.

En caso de que no sea posible dicho acuerdo, la secretaria de Acción Sindical de CCOO ha dejado claro que la Comisión de Seguimiento sobre los ERTEs habrá hecho su trabajo, el de intentar buscar consensos, pero si este no se consigue, será entonces el Gobierno el que tenga que decidir en qué condiciones quiere prorrogar los ERTEs.

El pasado lunes, Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme también mantuvieron una larga reunión para discutir la extensión de los ERTEs asociados a la crisis sanitaria sin conseguir tampoco un acuerdo, aunque se emplazaron a una nueva reunión para hoy, que también ha finalizado sin éxito.

En aquella reunión del lunes se discutió una propuesta del Ejecutivo para que los ERTEs se prolongaran hasta el 30 de septiembre, pero con una rebaja en las exoneraciones empresariales actualmente existentes, y la extensión, también hasta el 30 de septiembre, de la penalización de los despidos por causas objetivas y del Plan ‘Mecuida’, que permite a los trabajadores reducir o adaptar su jornada laboral si tienen menores, personas mayores o dependientes a su cargo.

LA PROPUESTA DE LOS AGENTES SOCIALES

Sindicatos y empresarios señalan en su propuesta conjunta la necesidad de mantener el Real Decreto de 8 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, por el que los ERTEs se ampliaban hasta el 30 de junio y que fue fruto del diálogo social con el Gobierno.

«Se trata de medidas que han demostrado su eficacia y adecuación para dar respuesta al impacto económico y social generado por la crisis sanitaria del Covid-19 en orden a salvaguardar el empleo, a proteger a las personas trabajadoras y a dotar de instrumentos a las empresas para una gestión dinámica de la crisis», afirman los agentes sociales.

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme defienden que el próximo escenario que se presenta de nueva normalidad «requiere igualmente de medidas laborales y de seguridad social que permitan transitar a empresas y personas trabajadoras con garantías de certeza y seguridad jurídica».

En este sentido, aseguran que estos objetivos se ven cumplidos con la continuidad de las medidas del citado decreto, por lo que piden al Gobierno que lo prorrogue hasta el 30 de septiembre de 2020, respetando aquellas otras vigencias que se establecen en el mismo y que superan esta fecha.

Asimismo, reclaman al Ejecutivo modificar la regulación de la Comisión de Seguimiento tripartita para incorporar la previsión de celebrar una reunión en la última semana de septiembre para evaluar y valorar estas medidas entre julio y septiembre y, en su caso, debatir y proponer aquellas que se consideren necesario establecer para los siguientes meses.

Por otra parte, las organizaciones sindicales y empresariales afirman que todos los aspectos relacionados con la recuperación del empleo «deberán ser objeto de negociación en una mesa específica de diálogo social para la reconstrucción económica» de España.