«Desde USTEA hemos defendido siempre que la docencia presencial es insustituible, sobre todo porque la docencia telemática se deja a una parte del alumnado por el camino. Pero también hemos defendido siempre que esa presencialidad debe darse con las máximas garantías sanitarias para alumnado, personal docente y no docente». Para el sindicato esas garantías no se dan, fundamentalmente, porque durante esta pandemia la Consejería de Educación ha aprobado medidas que son sobre todo «cosméticas», mientras desoía sistemáticamente a una comunidad educativa que planteaba demandas tan fundamentales como la bajada de la ratio, acompañada de un importante incremento de la inversión y las plantillas.
Pero a la ausencia de medidas realistas por parte de Consejería, incluso para la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, hay que sumar la grave situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia. Desde la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz, que preside USTEA Cádiz, se pidió que se retrasara la vuelta presencial a las aulas hasta finales de enero ante una situación muy difícil por la coincidencia de una ola de frío intenso, una tercera ola de contagios que prometía ser superior a las anteriores, y una nueva cepa más contagiosa que llegaba a nuestra provincia vía Gibraltar. Una petición similar, por cierto, a la que formularon municipios especialmente golpeados por la pandemia, como La Línea o Los Barrios. La respuesta, como es sabido, fue negativa.
«Sin embargo, frente al discurso público del gobierno andaluz sobre los centros educativos como espacios muy seguros, tanto nuestra afiliación como el profesorado en general, así como numerosas familias, nos están haciendo llegar datos que apuntan a que la incidencia de la pandemia en las aulas está siendo muy preocupante», afirma.
«Queremos denunciar, igualmente, la inadmisible actitud del consejero de Educación, Javier Imbroda, hacia las familias de La Línea de la Concepción, donde la situación epidemiológica es especialmente dura. Su respuesta a esas familias, más del 90%, que están optando por no llevar a sus hijas e hijos a los centros educativos preocupadas por su seguridad ha sido la amenaza de apertura de expedientes de absentismo, critica.
