El Parlamento andaluz ha debatido en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la iniciativa presentada por el Grupo Socialista donde se ha constatado la tibia actitud del Gobierno andaluz ante el problema que se pueda generar en torno a la instalación de fotovoltaicas ya que los socialistas habían planteado abordarlo de una manera integral y exhaustiva, abarcando todos los aspectos y cuestiones en juego.
Así, de los cinco puntos que planteaba el Grupo Socialista en la proposición no de ley, solo ha salido adelante el cuarto que reclama a la Junta de Andalucía a trasladar al Gobierno de España la necesidad de establecer un diálogo con los municipios y las comunidades autónomas que lo soliciten para establecer nuevos mecanismos de implantación de proyectos de energía renovable.
Si bien han reconocido la relevancia del papel de las entidades locales en este asunto, no han entrado a fondo en reclamaciones tan importantes como la necesidad de mostrar su apoyo a las alegaciones y trámites administrativos para el cambio en el trazado de las líneas de evacuación y en la ubicación de las estaciones subeléctricas de los proyectos de fotovoltaicas de la comarca que afecten a las propiedades agrícolas cuya expropiación amenazaría la generación de empleo y riqueza que hoy sustentan.
Tampoco se han atrevido a respaldar que se solicite al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España una suspensión o moratoria de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas o eólicas, hasta que no entre en vigor y se desarrolle debidamente el «Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética» que permita una regulación sostenible de los proyectos.
Del mismo modo, la idea de los socialistas hoy en la cámara andaluza era que el Parlamento de Andalucía instara a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a llevar a cabo una suspensión o moratoria de los trámites administrativos de proyectos de energías renovables por plantas fotovoltaicas o eólicas en suelos no urbanizables, hasta que no esté aprobado el Plan Andaluz de Acción por el Clima, incluido en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que permita una regulación sostenible de los proyectos.
En la misma línea, la coalición de derecha ha impedido también que la Junta traslade al Gobierno de España la necesidad de establecer una moratoria en los municipios que lo soliciten para poder analizar todos los parques fotovoltaicos o eólicos en su conjunto, planificando adecuadamente con esos municipios la proporcionalidad, los aprovechamientos, el impacto medioambiental y socioeconómico, y cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones.
Cuestiones y demandas todas razonables, a juicio del portavoz socialista José Luis Sánchez Teruel, que han caído en saco roto y donde se demuestra que el Gobierno andaluz se pone una vez más de perfil cuando se trata de defender los intereses de los andaluces. Creemos que una comarca como la del Campo de Gibraltar merece no solo que se dialogue con los representantes de los vecinos sino que se analicen con detenimiento y de manera sosegada las decisiones que pueden afectar a su futuro, ha señalado para reclamar que no se someta a la improvisación y al desconcierto a colectivos como los agricultores, sin antes ordenar y regular el sector, así como planificar el territorio para que una oportunidad de progreso económico no termine en pesadilla. Creemos en las energías renovables como un instrumento necesario para combatir el cambio climático pero deben ser compatibles con sectores como el turismo y la agricultura de la zona, ha recalcado en el transcurso del debate parlamentario.
