Dichas ayudas se enmarcan en el Plan Concertado de Ayudas Económicas Familiares y en el Plan de Ayudas de Emergencia Social. El primero de ellos ha contado con una dotación de 375.629 euros y pretende, según la Diputación, ayudar a familias de escasos recursos con menores a su cargo con el fin de evitar que se produzcan situaciones de exclusión social. En total han sido 742 menores de 402 familias los que han recibido, gracias a este plan, ayudas financiadas por la institución provincial gaditana.Por su parte, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha aportado también 41.370 euros a dicho programa, ya que se articula a partir de un convenio anual suscrito entre ambas entidades.Por otra parte, el Plan Concertado de Ayudas de Emergencia Social se ha traducido en 193 ayudas por valor de 46.963 euros para «contingencias extraordinarias» que han de cubrir familias sin recursos.Según ha señalado la Diputación, este plan pretende atender a «situaciones urgentes» que surgen en los hogares al tener que hacer frente a pagos inmediatos y paliar las situaciones de necesidad que está generando la crisis económica.De igual modo, la institución provincial ha subrayado que, con estos planes, trata de dar «una respuesta social a necesidades inaplazables» mientras se desarrollan otras políticas activas para la generación de puestos de trabajo a través de políticas activas de empleo y Planes Provinciales transversales.Tanto las Ayudas Económicas Familiares como las de Emergencia Social se han desarrollado en 27 municipios menores de la provincia; concretamente, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Castellar, Chipiona, Espera, El Gastor, Grazalema, Jimena, Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Vejer, Villamartín y Zahara de la Sierra.Los Servicios Sociales Comunitarios del Área de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación son los encargados de diseñar y aplicar el baremo que determina qué familias tienen acceso a estas prestaciones en función de criterios objetivos como los ingresos de la unidad familiar o el número de componentes.
