La Plataforma Ciudadana Tarifa No se Vende ha vuelto a alzar la voz contra el proyecto urbanístico SUO-LI-01 previsto en el sector de Los Lances, al que califica de “inviable” y peligroso tanto para la seguridad ciudadana como para el medio ambiente. El colectivo considera un “despropósito” la construcción de una macrourbanización en una zona catalogada oficialmente como inundable. Foto Ben Welsh
Según denuncia la plataforma, el proyecto contempla la edificación de 740 viviendas y 1.360 plazas hoteleras en un área que el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables identifica como de alto riesgo de inundación. Un hecho que, recuerdan, ya fue puesto en conocimiento de la Administración mediante alegaciones presentadas el pasado año.
Desde Tarifa No se Vende advierten de que la iniciativa no solo pone en peligro a los futuros residentes, sino que supone una grave amenaza para uno de los enclaves naturales más valiosos del municipio. El plan urbanístico prevé vertidos de residuos al río Jara, lo que tendría un impacto irreversible sobre la Laguna de los Lances, espacio protegido por la Red Natura 2000 y reconocido como Reserva de la Biosfera.
La plataforma también denuncia que el Ayuntamiento habría ignorado diversos informes técnicos desfavorables, entre ellos el del Departamento de Vías Pecuarias, que señala que la urbanización invadiría caminos públicos protegidos de manera ilegal. Asimismo, acusan al Consistorio de intentar presentar una revisión completa del planeamiento como una simple modificación puntual, con el objetivo de eludir las exigencias de sostenibilidad que marca la actual Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
En este sentido, el colectivo califica la actuación como una maniobra “en fraude de ley” destinada a imponer un modelo urbanístico “obsoleto”, propio de hace dos décadas, y alejado de las necesidades reales del municipio.
Finalmente, Tarifa No se Vende exige que se priorice la seguridad de la población y la protección del patrimonio natural frente a intereses inmobiliarios, reclamando que se descarte definitivamente un proyecto que, aseguran, nace ocultando riesgos fundamentales.
