TCAM-AGENCIAS/EP
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha exigido este martes al Gobierno que «interrumpa sus vacaciones» y convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga de la ayuda de 400 euros a parados de larga duración antes del 15 de agosto, fecha en la que finaliza la vigencia de esta prestación conocida como Plan Prepara.
Según ha recordado en una rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz, no hay otro Consejo de Ministros convocado hasta el 24 de agosto, con lo que una vez superado el 15 de agosto, la prórroga no se renovaría por silencio administrativo, un silencio del Gobierno que desde el PSOE se interpreta como «una cobardía política».
Además, Rodríguez ha avisado de que, si no lo hace, continuará «insistiendo» para que se prolongue esta ayuda a personas que «no tienen nada más» para «salir adelante».
De hecho, ha anunciado que el PSOE ha presentado esta mañana en la Cámara Baja una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a prorrogar este programa «al menos hasta el 15 de agosto de 2013», lo que supondría por lo menos un año más de ingresos para sus beneficiarios.
En dicha proposición no de ley, el PSOE argumenta que «cientos de miles de desempleados se verán sin protección alguna en los próximos meses» y considera, por ello, que el Plan Prepara «es una necesidad de primer orden».
Asimismo, el PSOE prevé tener preparadas una serie de «acciones parlamentarias» a discutir y debatir en el Pleno del Congreso, una vez se reanude el periodo ordinario de sesiones.
La portavoz del principal partido de la oposición ha denunciado la «cobardía política» que, a su juicio, mostró el Gobierno al no informar tras el último Consejo de Ministros de su decisión sobre este programa y ha arremetido contra el presidente, Mariano Rajoy, y el resto del Ejecutivo por haberse ido de vacaciones «de forma incomprensible».
«¿Cómo pueden ser capaces de estar de vacaciones sin haber adoptado ninguna decisión en relación a un plan de estas características, que conlleva una mínima ayuda que separa a la gente del abismo, de una situación complicada y de vulnerabilidad?», se ha preguntado.
MÁS GENTE NECESITARÁ ESTA AYUDA.
Por otro lado, para justificar la necesidad de ampliar un año más la vigencia del Plan Prepara, la portavoz socialista ha recordado que el último decreto de ajustes incluye la desaparición de la prestación especial para desempleados mayores de 45 años y limita el acceso a la Renta Activa de Inserción, dejando fuera al 90% de los beneficiarios, con lo que todas estas personas son ahora potenciales beneficiarios de la ayuda de 400 euros.
Según ha dicho, este efecto del decreto de ajustes hará que se incorporen unos 50.000 nuevos beneficiarios cada mes al Plan Prepara, frente a los 30.000 que entraban actualmente.
«Es absolutamente necesario que el Gobierno prorrogue esta ayuda porque, si no, la situación de los parados que tienen acceso a esta ayuda y la de sus familias va a ser verdaderamente dramática, y lo más terrible es que el Gobierno no tenga ni siquiera la valentía de decir qué va a hacer», añadió.
CARGA CONTRA EL REGLAMENTO DE LOS ERES.
Asimismo, la portavoz socialista ha echado en cara al Gobierno que se haya ido de vacaciones y haya «dejado a los técnicos trabajando en el Ministerio de Empleo» en la redacción del proyecto de Real Decreto Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada.
Este reglamento, ha asegurado, «confirma todos los temores» que el PSOE anunció tras la aprobación de la reforma laboral, en la que se incluyó una disposición adicional en la que se establecía la posibilidad de realizar expedientes de regulación de empleo (EREs) en las administraciones públicas.
«Cuando hemos visto el borrador lo vemos de forma clara. La disminución del presupuesto de las administraciones en más de un 10% permite la apertura de un ERE», añadió, para apostillar que «si este reglamento se aprueba, ningún empleado laboral fijo se va a sentir seguro en su puesto de trabajo».
Este reglamento también es un indicio, a su juicio, de la «intención oculta» del Gobierno de privatizar los servicios públicos. «Primero los limpian de personal y posteriormente, en una segunda fase, privatizan el servicio».
