Solicitó una licencia de obras en mayo de 2016. Diez años después sigue sin respuesta. Mientras tanto, una promoción posterior de Grupo Q levantada en la misma calle obtuvo autorización, ejecutó las obras y ya forma parte del paisaje urbano de Tarifa. El caso ha llevado a la propiedad a exigir explicaciones al Ayuntamiento y a solicitar el expediente de la promoción de Grupo Q para comprobar si ambos proyectos recibieron el mismo trato administrativo. Una década de silencio, una comparación inevitable y una pregunta que el Consistorio aún no ha respondido. Además, si esta situación acaba derivando en responsabilidades patrimoniales, las consecuencias económicas no las asumirán quienes tomaron las decisiones, sino el conjunto de los vecinos de Tarifa.

Hay historias que trascienden el ámbito de un expediente administrativo para convertirse en un asunto de interés público. No porque afecten únicamente a quien espera una licencia, sino porque obligan a plantear una cuestión esencial en cualquier democracia: si todos los ciudadanos reciben el mismo trato por parte de la administración.

La historia comienza el 25 de mayo de 2016.

Ese día quedó registrada en el Ayuntamiento de Tarifa una solicitud de licencia de obras para la ampliación de un edificio situado en la Avenida Fuerzas Armadas número 2, esquina con la calle Castillejos. El proyecto contemplaba la ampliación de un edificio de viviendas en pleno centro urbano y fue presentado conforme a los procedimientos establecidos.

Han pasado diez años. Y la licencia sigue sin resolverse.

Durante este tiempo, la promotora del proyecto ha tenido que afrontar un largo recorrido administrativo marcado por retrasos, reuniones, escritos y reclamaciones que, según sostiene, nunca han desembocado en una resolución definitiva.

Uno de los episodios más llamativos fue la tramitación del Estudio de Detalle exigido por el propio Ayuntamiento. Un trámite urbanístico que habitualmente se resuelve en pocos meses terminó prolongándose durante años y obligó incluso a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para desbloquear la situación.

Finalmente, el 29 de marzo de 2022 el Pleno municipal aprobó definitivamente dicho Estudio de Detalle, considerado el último requisito previo para la concesión de la licencia.

La lógica administrativa parecía indicar que el expediente entraba entonces en su fase final. Pero tampoco ocurrió. Cuatro años después de aquella aprobación y diez años después de la solicitud inicial, el expediente sigue sin una resolución expresa.

Según la documentación presentada recientemente por el abogado Ignacio Ollero Sánchez ante el Ayuntamiento, desde hace años no existiría causa urbanística conocida que impida la concesión o, al menos, la resolución motivada del expediente. La situación ha generado una creciente sensación de desconcierto entre los afectados. No solo por la duración extraordinaria del procedimiento. También por lo que ha sucedido alrededor.

La comparación es inevitable y reclama una explicación que no llega. La falta de explicaciones públicas alimenta una sensación de opacidad difícil de comprender para quienes siguen esperando una respuesta.

En la misma calle Castillejos, prácticamente junto al inmueble afectado, se levantó una promoción inmobiliaria impulsada por Grupo Q.

Según el escrito registrado ante el Ayuntamiento, dicha promoción inició su tramitación años después de la solicitud presentada en 2016 y, sin embargo, obtuvo licencia, ejecutó las obras y completó el edificio.

Esa comparación constituye el núcleo del conflicto.No porque demuestre por sí misma ninguna irregularidad.No porque acredite automáticamente la existencia de trato de favor. Sino porque plantea una pregunta que la administración está obligada a responder.

¿Por qué un expediente presentado en mayo de 2016 continúa sin resolverse mientras otro posterior, en la misma zona y aparentemente comparable en parámetros urbanísticos, sí culminó con la construcción completa del inmueble?

La controversia llega además en un momento especialmente delicado para la credibilidad urbanística del Ayuntamiento de Tarifa.

Todos recordamos el acto desesperado y censurable de un vecino con garrafas de gasolina de hace unas semanas. Tampoco ha desaparecido de la memoria colectiva la polémica generada por la decisión municipal relacionada con una sanción urbanística de 4,3 millones de euros impuesta a un promotor inmobiliario y cuya condonación fue posteriormente no solo cuestionada por la Justicia, sino finalmente revocada.

Aquella resolución judicial abrió un intenso debate sobre la gestión urbanística municipal y sobre la necesidad de exigir responsabilidades políticas o administrativas.

Sin embargo, más allá del debate público generado en su momento, no se han producido explicaciones que hayan conseguido disipar todas las dudas existentes.

Ahora aparece un nuevo episodio, distinto en su naturaleza, pero conectado por una misma cuestión de fondo: la necesidad de garantizar que los criterios urbanísticos se aplican con igualdad, transparencia y objetividad.

Un expediente atrapado en el tiempo

La documentación presentada recientemente ante el Ayuntamiento resulta especialmente significativa.

En ella se solicita formalmente el impulso inmediato del expediente, información detallada sobre su estado de tramitación y una resolución expresa que explique las razones de una demora que supera ampliamente cualquier plazo razonable.

Además, se reclama acceso a la documentación relativa a la licencia concedida al edificio promovido posteriormente en la misma calle para poder comparar ambos procedimientos y verificar si los criterios aplicados fueron efectivamente los mismos.

La petición no solicita privilegios. Solicita explicaciones.

Y en una administración pública las explicaciones no deberían ser una concesión extraordinaria, sino una parte esencial de la normalidad institucional.

Lo que está en juego

Algunos podrían pensar que este asunto afecta únicamente a una promotora privada. Sería un error. Lo que está en juego es algo mucho más importante.

Si una administración puede mantener durante diez años un expediente sin resolver, el problema deja de ser individual. Si un ciudadano no obtiene respuesta después de una década de trámites, reuniones y escritos, el problema deja de ser urbanístico. Se convierte en una cuestión de funcionamiento institucional.

Y si, además, existen actuaciones posteriores que sí han seguido adelante, la necesidad de ofrecer una explicación pública resulta todavía mayor. Porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones no depende únicamente de que las decisiones sean legales. Depende también de que parezcan justas. Y para que parezcan justas deben poder explicarse.

La pregunta sigue esperando respuesta en un Ayuntamiento que, hasta la fecha, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre esta situación. Diez años después de aquella solicitud presentada en mayo de 2016, el Ayuntamiento de Tarifa tiene la oportunidad de despejar cualquier duda. Basta con hacer algo aparentemente sencillo: resolver el expediente. Hasta que eso ocurra seguirá flotando una pregunta incómoda sobre el urbanismo municipal de Tarifa.

Más allá de las responsabilidades políticas o administrativas que puedan derivarse, existe una realidad incontestable: si finalmente los tribunales concluyen que ha existido una actuación irregular, arbitraria o una demora injustificada susceptible de generar indemnizaciones, quienes acabarán asumiendo el coste económico no serán los responsables de las decisiones adoptadas, sino el conjunto de los vecinos de Tarifa.

Las posibles reclamaciones por daños y perjuicios, el incremento de los costes de construcción acumulados durante una década, el lucro cesante o las eventuales condenas judiciales saldrían de las arcas municipales, es decir, del dinero público.

Por eso este asunto trasciende el interés particular de un expediente urbanístico y se convierte en una cuestión que afecta directamente a todos los ciudadanos.

Una pregunta que no formulan los afectados.

La formulan los propios hechos.

¿Cómo es posible que una licencia presentada hace diez años siga esperando una respuesta mientras otras promociones posteriores ya forman parte del paisaje urbano de la ciudad?

NOTA: Esta noticia de investigación está refrendada por dcoumentos oficales a disposición de quien desee consultarlos.