Solicitó una licencia de obras en mayo de 2016. Diez años después sigue sin respuesta. Mientras tanto, una promoción posterior de Grupo Q levantada en la misma calle obtuvo autorización, ejecutó las obras y ya forma parte del paisaje urbano de Tarifa. El caso ha llevado a la propiedad a exigir explicaciones al Ayuntamiento y a solicitar el expediente de la promoción de Grupo Q para comprobar si ambos proyectos recibieron el mismo trato administrativo. Una década de silencio, una comparación inevitable y una pregunta que el Consistorio aún no ha respondido. Además, si esta situación acaba derivando en responsabilidades patrimoniales, las consecuencias económicas no las asumirán quienes tomaron las decisiones, sino el conjunto de los vecinos de Tarifa.
Hay historias que trascienden el ámbito de un expediente administrativo para convertirse en un asunto de interés público. No porque afecten únicamente a quien espera una licencia, sino porque obligan a plantear una cuestión esencial en cualquier democracia: si todos los ciudadanos reciben el mismo trato por parte de la administración.
La historia comienza el 25 de mayo de 2016.
Ese día quedó registrada en el Ayuntamiento de Tarifa una solicitud de licencia de obras para la ampliación de un edificio situado en la Avenida Fuerzas Armadas número 2, esquina con la calle Castillejos. El proyecto contemplaba la ampliación de un edificio de viviendas en pleno centro urbano y fue presentado conforme a los procedimientos establecidos.
Han pasado diez años. Y la licencia sigue sin resolverse.
Durante este tiempo, la promotora del proyecto ha tenido que afrontar un largo recorrido administrativo marcado por retrasos, reuniones, escritos y reclamaciones que, según sostiene, nunca han desembocado en una resolución definitiva.
Uno de los episodios más llamativos fue la tramitación del Estudio de Detalle exigido por el propio Ayuntamiento. Un trámite urbanístico que habitualmente se resuelve en pocos meses terminó prolongándose durante años y obligó incluso a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para desbloquear la situación.
Finalmente, el 29 de marzo de 2022 el Pleno municipal aprobó definitivamente dicho Estudio de Detalle, considerado el último requisito previo para la concesión de la licencia.
La lógica administrativa parecía indicar que el expediente entraba entonces en su fase final. Pero tampoco ocurrió. Cuatro años después de aquella aprobación y diez años después de la solicitud inicial, el expediente sigue sin una resolución expresa.
Según la documentación presentada recientemente por el abogado Ignacio Ollero Sánchez ante el Ayuntamiento, desde hace años no existiría causa urbanística conocida que impida la concesión o, al menos, la resolución motivada del expediente. La situación ha generado una creciente sensación de desconcierto entre los afectados. No solo por la duración extraordinaria del procedimiento. También por lo que ha sucedido alrededor.
La comparación es inevitable y reclama una explicación que no llega. La falta de explicaciones públicas alimenta una sensación de opacidad difícil de comprender para quienes siguen esperando una respuesta.
En la misma calle Castillejos, prácticamente junto al inmueble afectado, se levantó una promoción inmobiliaria impulsada por Grupo Q.
Según el escrito registrado ante el Ayuntamiento, dicha promoción inició su tramitación años después de la solicitud presentada en 2016 y, sin embargo, obtuvo licencia, ejecutó las obras y completó el edificio.
Esa comparación constituye el núcleo del conflicto.No porque demuestre por sí misma ninguna irregularidad.No porque acredite automáticamente la existencia de trato de favor. Sino porque plantea una pregunta que la administración está obligada a responder.
¿Por qué un expediente presentado en mayo de 2016 continúa sin resolverse mientras otro posterior, en la misma zona y aparentemente comparable en parámetros urbanísticos, sí culminó con la construcción completa del inmueble?
La controversia llega además en un momento especialmente delicado para la credibilidad urbanística del Ayuntamiento de Tarifa.
Todos recordamos el acto desesperado y censurable de un vecino con garrafas de gasolina de hace unas semanas. Tampoco ha desaparecido de la memoria colectiva la polémica generada por la decisión municipal relacionada con una sanción urbanística de 4,3 millones de euros impuesta a un promotor inmobiliario y cuya condonación fue posteriormente no solo cuestionada por la Justicia, sino finalmente revocada.
Aquella resolución judicial abrió un intenso debate sobre la gestión urbanística municipal y sobre la necesidad de exigir responsabilidades políticas o administrativas.
Sin embargo, más allá del debate público generado en su momento, no se han producido explicaciones que hayan conseguido disipar todas las dudas existentes.
Ahora aparece un nuevo episodio, distinto en su naturaleza, pero conectado por una misma cuestión de fondo: la necesidad de garantizar que los criterios urbanísticos se aplican con igualdad, transparencia y objetividad.
Un expediente atrapado en el tiempo
La documentación presentada recientemente ante el Ayuntamiento resulta especialmente significativa.
En ella se solicita formalmente el impulso inmediato del expediente, información detallada sobre su estado de tramitación y una resolución expresa que explique las razones de una demora que supera ampliamente cualquier plazo razonable.
Además, se reclama acceso a la documentación relativa a la licencia concedida al edificio promovido posteriormente en la misma calle para poder comparar ambos procedimientos y verificar si los criterios aplicados fueron efectivamente los mismos.
La petición no solicita privilegios. Solicita explicaciones.
Y en una administración pública las explicaciones no deberían ser una concesión extraordinaria, sino una parte esencial de la normalidad institucional.
Lo que está en juego
Algunos podrían pensar que este asunto afecta únicamente a una promotora privada. Sería un error. Lo que está en juego es algo mucho más importante.
Si una administración puede mantener durante diez años un expediente sin resolver, el problema deja de ser individual. Si un ciudadano no obtiene respuesta después de una década de trámites, reuniones y escritos, el problema deja de ser urbanístico. Se convierte en una cuestión de funcionamiento institucional.
Y si, además, existen actuaciones posteriores que sí han seguido adelante, la necesidad de ofrecer una explicación pública resulta todavía mayor. Porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones no depende únicamente de que las decisiones sean legales. Depende también de que parezcan justas. Y para que parezcan justas deben poder explicarse.
La pregunta sigue esperando respuesta en un Ayuntamiento que, hasta la fecha, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre esta situación. Diez años después de aquella solicitud presentada en mayo de 2016, el Ayuntamiento de Tarifa tiene la oportunidad de despejar cualquier duda. Basta con hacer algo aparentemente sencillo: resolver el expediente. Hasta que eso ocurra seguirá flotando una pregunta incómoda sobre el urbanismo municipal de Tarifa.
Más allá de las responsabilidades políticas o administrativas que puedan derivarse, existe una realidad incontestable: si finalmente los tribunales concluyen que ha existido una actuación irregular, arbitraria o una demora injustificada susceptible de generar indemnizaciones, quienes acabarán asumiendo el coste económico no serán los responsables de las decisiones adoptadas, sino el conjunto de los vecinos de Tarifa.
Las posibles reclamaciones por daños y perjuicios, el incremento de los costes de construcción acumulados durante una década, el lucro cesante o las eventuales condenas judiciales saldrían de las arcas municipales, es decir, del dinero público.
Por eso este asunto trasciende el interés particular de un expediente urbanístico y se convierte en una cuestión que afecta directamente a todos los ciudadanos.
Una pregunta que no formulan los afectados.
La formulan los propios hechos.
¿Cómo es posible que una licencia presentada hace diez años siga esperando una respuesta mientras otras promociones posteriores ya forman parte del paisaje urbano de la ciudad?
NOTA: Esta noticia de investigación está refrendada por dcoumentos oficales a disposición de quien desee consultarlos.
18 respuestas
Acercarse a la casa de Manolo Herrera y preguntarle como es posible esta noticia ,(que para nada es un caso aislado) ,
porque al ayuntamiento no buscarle que está muy afectado , lleva de baja desde el dia de la movida , pobre hombre con lo bien que todo el mundo habla de el,
Me consta que el técnico ha llevado al día sus informes. No sé cómo pueden algunos comentarios ser tan frescos con este tema, porque este hombre podría estar ahora mismo, en el mejor de los casos en el hospital.
Mejor pregúntale a los políticos en concordancia con un arquitecto que parece que solo trabaja para el grupo Q.
A ver amigo Roberto no se quien eres ni me importa , entiendo que eres un allegado o el mismo Manolo Herrera, Te hablo con conocimiento de causa , este señor ha denegado expedientes sin ninguna base legal , es más te puedo decir que en algunos casos ni se ha mirado el expediente para denegar la licencia, y nos es lanzar comentarios al aire , dices hospital ? Si ese pobre hombre hubiera querido llevarlo al hospital, hazme caso que lo lleva, lo que hizo ese hombre , lo podia haber hecho pero bien hecho y seriamente cualquier persona que hemos sido afectada por este individuo , y me dirijo así porque no merece que lo llamen de otra manera, todo tramite tiene un tiempo , todo tramite tiene un conducto o una via legal para su presentación , y por supuesto toda resolución de ese tramite tiene que estar basado en una ley , en una norma , o una circular , que diga en que párrafo y en que punto se deniega la citada solicitud cosa que este individuo no ha hecho en diferentes expedientes , yo soy de Tarifa y he hablado con diferentes personas que les ha pasado eso , así que lo que he escrito no se ha escrito sin conocimiento de causa , y ya no vamos a hablar de la educación y las formas que tiene el sujeto de dirigirse a las personas , así que no vengas diciendo que se lanzan al aire , y te vuelvo a repetir , todo tiene tiempo, todo tiene su normativa y su base legal, no se pide que te den una licencia » por la cara » , pero tampoco que no te la den «por la cara » que te repito es lo que ha hecho este señor , sin mirar el expediente, porque ciertas respuestas que ha dado para denegar licencias es que ni se ha preocupado en mirar dichos expedientes.
Repito que si un funcionario no cumple con las obligaciones de su puesto de trabajo, se extralimita o no justifica con base legal o reglada una denegación, existen protocolos que activados por los perjudicados corrigen su proceder, lo sancionan e incluso llegado el caso hasta puede perder su condición de funcionario. Nada ni nadie puede tomarse la justicia por su cuenta, intentando quemar a un trabajador y poniendo en riesgo extremo a sus compañeros.
Y no, no soy ni el afectado, ni su amigo ni trabajo en el ayuntamiento.
A ver Roberto la teoría es una y la práctica otra muy diferente ,dime tú que cauce legal tienes y como lo aplicas , y que consigues ? Dilatar más tu proceso? Y por supuesto a este no lo van a echar pase lo que pase , es mas este se vá pegar de baja ( cosa que al final pensando por el ciudadano es lo mejor que no vuelva), aquí el problema no está en el individuo de Manolo Herrera , a parte que es un sinvergüenza de marca mayor , el problema reside en el Alcalde, que sabe perfectamente lo que pasa con este personaje y solo ha hecho mirar para otro lado , ahora se persona como denunciante del pobre hombre , te voy a decir una cosa todo tiene un límite, y cuando está jugando con el dinero de tu familia puede ocurrir cualquier cosa , no seas más demagogo, que ese pobre hombre solo ha hecho una llamada de atención , que si se quiere llevar por delante al personaje ese, se lo lleva.
Entonces quienes beneficiaban al grupo Q ?? Los de antes o los que señalan con el dedo a los de ahora? Que es lo mismo.
Pues mira, los de antes y también los de ahora, estos últimos con el apoyo interno del Sr. Arquitecto, que no mira nada más que por sus amigotes y deja en los cajones expedientes como el de la noticia. Desde luego al técnico que señalais no podemos echarle el muerto, él es un intermediario entre el político y el usuario, si no hace bien su trabajo se le expedienta, pero mira tú por donde no ha podido Mister Benítez expedientar lo con lo mal que trabaja el hombre y la inquina que le tiene, ¿será porque hace bien su trabajo?
Roberto, eres familia o amigo de Manolo Herreras, fijo.
A ver Roberto, enterado de mierda. He investigado y, en efecto, ese expediente lo tiene liado el de la baja por acojonamiento. El arquitecto no solo no tiene nada que ver sino todo lo contrario. Entérate mejor, embustero mayor.
Y para que te instruyas mejor, te informo que el Sr. arquitecto NO ES QUIEN DECIDE el orden de ejecución de los expedientes. Es el alcalde mediante una providencia. Así que quien decide dejarlo o no en el cajón es el mandamás de turno. Este y el anterior, y el anterior… así hasta Guzmán el Bueno, que supongo sabrás quien fue.
Vaya, estás muy calladito… te has acojonado también o ya lo estabas?
Es que no hablo con personas que la única base que tienen para llevar razón es el insulto.
Las providencias las da ocasionalmente el alcalde, pero el orden es el que dije.
Eso es simplemente mentira, don Roberto. Disculpe por mi lenguaje soez. No volverá a ocurrir. Sin embargo, advierta usted. Que, además, de palabras malsonantes, le doy razones que son de peso y fácilmente demostrables. Le recomiendo, y que está tan bien informado, que averigüe la identidad del perjudicado de la noticia que nos ocupa. Pregúntele quien lleva el expediente y se llevarYuna sorpresa mayúscula. Le reitero mis disculpas y le envío un cordial saludo.
El señor del vídeo merece un premio a la paciencia. Y que le paguen las facturas del psicólogo. Todo el que ha hecho algún trámite sabe que esto es el pan nuestro de cada día. En cuanto al arquitecto, creo que es tres cuartos de lo mismo. En una ocasión fui a hablar con él y mostró pocos rasgos de profesionalidad: coló a un funcionario para hablar con el antes que otros que estábamos en cola, al preguntarle por el asunto del que íbamos a hablar, tenía datos erróneos en la documentación que tuve que corregirle in situ y… cogió el teléfono para hablar con la mujer de algo trivial mientras me atendía. Con total tranquilidad y sin pedir disculpas por ello. Lo que parece claro es que no es un tema achacable a los políticos, porque desde que este señor inició los trámites la poltrona ha cambiado de dueño más de una vez. O en todo caso es achacable a todos ellos de todos los colores por inacción.
En efecto, Otro y el de la moto, la culpa es de todos los políticos que han pisado el Ayuntamiento en los últimos 24 años, que no han sabido -o no se han atrevido- a poner orden en la Oficina Siniestra (que es como llamaré en adelante a la OT).
Señor Ruperto,si no sabes quién es el que dirige el ayuntamiento para que escribes??.Que yo sepa,el único que pude expedientar,es la máxima autoridad y precisamente no es míster Benitez,es otro señor que no manda ni en su casa.
Estáis todos fuera de la realidad,ni son los políticos los responsables de que no funcione esa oficina.Los hilos los mueven otros.
Ruperto no te preocupes.los que no hicieron nada en 7 años,van a construir el mundo en 7 días,según el evangelio.