Tarifa ha irrumpido en la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre el denominado ‘caso Leire’ después de que un exagente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) asegurara ante el juez Santiago Pedraz que uno de los cuatro encuentros que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez tuvo lugar en la localidad.
El municipio de Tarifa ha sido mencionado este viernes durante una declaración judicial en la Audiencia Nacional. El ex policía Rafael Salvador, jubilado desde 2018 y antiguo miembro de la UDEF, afirmó ante el juez Santiago Pedraz que uno de los encuentros que mantuvo con Leire Díez se celebró en la ciudad, aunque no precisó ni el lugar exacto ni la fecha concreta.
La declaración forma parte de la investigación abierta sobre una presunta organización que, según las pesquisas judiciales, habría tratado de obtener información para influir en procedimientos que afectaban al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Según adelante EFE, el testimonio del exagente, mantuvo cuatro reuniones con Díez: dos en 2020, una en Zaragoza y una cuarta en Tarifa. Durante esos encuentros, explicó, hablaron sobre la investigación de los ERE de Andalucía y sobre la posibilidad de presentar acciones judiciales contra la magistrada Mercedes Alaya.
No obstante, Rafael Salvador negó haber facilitado información comprometida sobre la jueza y aseguró que siempre interpretó aquellos contactos como parte de la documentación para un supuesto libro. También afirmó que Leire Díez llegó a decirle que actuaba enviada por «el que más manda», aunque aseguró que nunca dio credibilidad a esa afirmación y pensó que podía tratarse de «un timo».
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene, sin embargo, que el objetivo de aquellas reuniones era obtener información que pudiera perjudicar a la magistrada Alaya. Entre las pruebas incorporadas al procedimiento figuran mensajes y grabaciones realizadas por la propia Leire Díez, según la investigación.
Por el momento, la referencia a Tarifa se limita a la confirmación, por parte del testigo, de que una de las reuniones tuvo lugar en la localidad. La declaración no atribuye ningún papel al municipio más allá de haber sido el escenario de uno de esos encuentros investigados por la Audiencia Nacional.
El procedimiento continúa abierto y será el juez quien determine el alcance de los hechos y la relevancia de las distintas declaraciones incorporadas a la causa.
