Los ecologistas cuestionan la ubicación de la planta de almacenamiento energético y reclaman explicaciones por el cambio de criterio de dos informes territoriales desfavorables a uno favorable

El proyecto de almacenamiento energético ST Palmosilla acaba de entrar en los tribunales. AGADEN Ecologistas en Acción Cádiz ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa del pasado 20 de julio, por el que se aprobó el Proyecto de Actuación para la implantación de esta instalación en la zona rural de Puerto de la Cruz, en las proximidades del Santuario de Nuestra Señora de la Luz.

La organización ecologista deja claro que su recurso no cuestiona la necesidad de avanzar hacia un modelo energético basado en energías renovables ni se opone al almacenamiento energético como tecnología. Su oposición se centra en el lugar elegido para instalarlo y en la transformación territorial que, a su juicio, supondría.

Y es precisamente ahí donde AGADEN quiere que los tribunales pongan la lupa.

Dos informes desfavorables y después uno favorable

Uno de los principales argumentos planteados por la organización es el cambio de criterio que aparece en el expediente territorial.

Según AGADEN, existe un informe de 11 de diciembre de 2025 en el que la Administración autonómica competente concluyó que la actuación era incompatible con las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG).

La organización señala, además, que este habría sido el segundo informe territorial desfavorable emitido sobre el proyecto.

Sin embargo, pocos meses después, el expediente incorporó un nuevo informe, fechado el 14 de abril de 2026, esta vez de carácter favorable.

AGADEN no cuestiona que una Administración pueda modificar su criterio si aparecen nuevas circunstancias. Lo que reclama es algo más concreto: que se explique qué cambió entre un informe y otro.

¿Se modificó el proyecto? ¿Se incorporaron nuevos estudios? ¿Aparecieron nuevos argumentos técnicos o jurídicos? ¿Qué circunstancias permitieron pasar de una incompatibilidad territorial a un informe favorable?

Esas son algunas de las cuestiones que la organización quiere que sean examinadas en sede judicial.

147.000 metros cúbicos de desmonte

Otro de los puntos que centra el recurso es la dimensión de la transformación física prevista.

Según los datos aportados por AGADEN, el proyecto contempla aproximadamente 147.000 metros cúbicos de desmonte y más de 101.000 metros cúbicos de terraplén, además del material sobrante que tendría que ser gestionado.

Para los ecologistas, esas cifras obligan a mirar el proyecto más allá de las baterías y de su función energética.

La pregunta pasa a ser también qué transformación del territorio será necesaria para instalar la infraestructura.

El proyecto contempla una instalación de almacenamiento mediante baterías de ion-litio con 200 MW de potencia instalada y una capacidad de almacenamiento de 885,294 MWh, con una duración de descarga de cuatro horas. Así figura en la autorización administrativa previa concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas en mayo de 2026.

La autorización estatal, no obstante, se concedió sin perjuicio de las autorizaciones que sean necesarias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, entre otras.

El debate: almacenamiento sí, pero ¿dónde?

AGADEN insiste en que no plantea un rechazo al almacenamiento energético.

Su argumento es otro: una instalación de estas características debe buscar una ubicación que reduzca al máximo su impacto sobre el territorio.

La organización defiende que, siempre que resulte técnica y legalmente posible, este tipo de infraestructuras debería priorizar suelos industriales que ya dispongan de servicios e infraestructuras, antes que transformar nuevos espacios rurales.

Y si la instalación tiene que ubicarse necesariamente en suelo rústico, reclama que se estudien alternativas con una menor afección ambiental, paisajística y cultural.

El proyecto se localiza en una zona que el expediente sitúa en las proximidades del Santuario de Nuestra Señora de la Luz. La documentación municipal señala que el santuario se encuentra aproximadamente a 870 metros al oeste de la zona de actuación.

El Valle de la Luz, en el centro del debate

La batalla judicial trasciende, por tanto, al proyecto concreto.

AGADEN considera que el Valle de la Luz necesita una planificación global que determine qué usos y transformaciones son compatibles con sus valores naturales, paisajísticos y culturales.

La organización advierte del riesgo de que actuaciones independientes vayan transformando progresivamente el espacio rural sin una visión conjunta de sus efectos.

El debate que plantea es sencillo, aunque incómodo:

¿Dónde queremos colocar las infraestructuras que necesita la transición energética?

Porque la transición energética también ocupa territorio.

Y la cuestión no es únicamente cuánta energía puede almacenar una instalación, sino qué suelo ocupa, qué paisaje transforma y qué alternativas se han estudiado antes de decidir su ubicación.

Ahora será la vía judicial la que tendrá que determinar si el proyecto aprobado puede desarrollarse en el emplazamiento elegido y en las condiciones previstas.

Mientras tanto, AGADEN ha decidido llevar al juzgado una pregunta que afecta directamente al futuro territorial de Tarifa:

¿Todo lo que técnicamente se puede instalar debe instalarse precisamente aquí?