El Congreso de los diputados ha rechazado los dos decretos con medidas sobre vivienda que aprobó el Gobierno el pasado martes. El primer Decreto tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Entre las iniciativas rechazadas están la prórroga hasta 2030 de la protección contra desahucios para hogares vulnerables, la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, la renovación automática de los contratos o las restricciones a los fondos de inversión.
De nada han servido la intervención sorpresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido a los diputados que “piensen en la gente”, advirtiéndoles que “la historia les juzgará”.
Tampoco han considerado los llamamientos de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al recordar al partido de Puigdemont que el 90% de sus propuestas figuraban en los decretos, que dejan de estar en vigor.
Entendían que la presión ambiental posibilitaría sacar adelante estos decretos como un primer paso para romper el bloqueo ante una crisis que no admite más retrasos. Cada desahucio es un drama y merecía de los partidos el máximo consenso.
Pero lo perentorio no debería anestesiar lo razonable, combinar eficacia y equidad es una necesidad. Pocos ámbitos hacen tan imperativo equilibrar estas dos dimensiones. Pero con la derecha de este país era imposible que los textos legislativos que había preparado el Gobierno salieran adelante.
Estos textos estaban basados en los diagnósticos de esta grave crisis realizados por el Banco de España, con un desencadenante la escasez de oferta y un déficit de viviendas que cifraba en 750.000. Ese desfase ha disparado los precios y ha hecho que el mercado resulte inaccesible para la mayor parte de la población.
El Banco de España y otros centros de estudios de instituciones financieras del Estado, coinciden en que las medidas adoptadas están aún lejos de facilitar una salida rápida al problema de la oferta de vivienda asequible, pero estos decretos nos ponían en el camino.
Lo que se ha visto claro es la desconexión del parlamento con la realidad del país. No escuchan a la gente, ni a los vecinos con problemas de desahucio como el de Maricarmen Abascal, de 87 años, pero tampoco a los más jóvenes, porque las leyes siguen sin ser eficaces ante casos de vulnerabilidad.
Durante años, los distintos niveles del Estado han fallado a la hora de paliar esa escasez y se han enredado en un reparto de competencias y de culpas que puede acabar pasando factura a los partidos en las urnas, para deleite de los extremos.
Así que, si hay elecciones este Gobierno progresista tendrá que responder a una pregunta de sus electores: ¿hacia dónde va a ir la política de este gobierno si gana las elecciones? Porque las políticas del PP y Vox ya las conocemos, defienden siempre los intereses de los especuladores en el tema de la vivienda.
Pedro Sánchez, aún tiene la fuerza que da La Moncloa. Pero cada vez tiene menos tiempo para intentar cambiar el rumbo, porque la legislatura está acabada. Sin embargo, otra política es posible, sobre todo, si piensa que mejorar materialmente la vida de la clase trabajadora es lo que debe definir su política.
Además, la gente lo dice en la calle y en las concentraciones: no quiere elecciones, sino soluciones, pero no hay otra. El Congreso está secuestrado por la derecha y hay que cambiarlo. Y, por supuesto, movilizar al votante de izquierda, porque hemos llegado a un punto de no retorno.
Este es un momento definitivo de la legislatura y de la democracia de nuestro país, porque la política de viviendas se ha convertido en un quiero y no puedo. No hay soluciones simples para resolver problemas complejos. Por eso, hoy más que nunca hay que comprometerse, defender a los más vulnerables, entender sus dificultades, escuchar sus luchas, y estar dispuestos a luchar con ellos.
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