Se ha hecho nuevo balance económico y la situación se hace casi insostenible. El gobierno anuncia un programa a medio y largo plazo con medidas muy concretas para poder asumir los impagos. Esto se traduce, según Juan Andrés Gil, en “austeridad para la supervivencia”. “La política de austeridad nos tiene que llevar a una supervivencia de esta institución y para poder seguir cumpliendo con el municipio tenemos que llevar una programación a medio y largo plazo. Esto significa mucho sacrificio que ya se está asumiendo y se está viendo en las últimas semanas en casos como las negociaciones colectivas y el trabajo para adaptar los convenios con trabajadores a la realidad y otras muchas medidas que iremos viendo poco a poco y que están encaminadas a la racionalización del gasto”. Siendo concretos, la deuda reconocida y que ya cuenta con resolución judicial es de 1.400.000 euros, cantidad que en su mayoría se debe a las obras realizadas.  El gobierno negocia con las empresas para poder asumir y hacer frente a estos pagos para no incurrir en “desobediencia judicial que tendría graves perjuicios para el Ayuntamiento”, según ha explicado en rueda de prensa el primer edil.  “La ley nos está marcando cuáles son los servicios básicos a los ciudadanos y otras prioridades. Uno de ellos es la nómina de los trabajadores. Cumplimos escrupulosamente con el pago de las nóminas pero cada vez se hace más difícil”.  “Los ciudadanos tienen que saberlo para que comprendan que este gobierno está cumpliendo con el pago de los servicios fundamentales pero que, a la vez, estamos obligados a cumplir con una serie de pagos que no se han hecho anteriormente y a lo que ahora nos obliga la ley” Pero ha habido palabras puntuales hacia la oposición política, la cuál, según el gobierno, no se hace cargo de la situación real del Ayuntamiento. No comprenden los munícipes del gobierno cómo se hacen reclamaciones tales como la apertura del polideportivo, un edificio del que se adeudan más de 600 mil euros y que supondría un inversión brutal en materia de infraestructura y personal. Para el gobierno, “la oposición no está viendo la realidad de la cuestión”. “La responsabilidad de esto está en el equipo de gobierno anterior. Ellos son los culpables del estado de bancarrota en el que han dejado a esta institución”. “Ya hemos pagado más de 250 mil euros de una empresa que hizo un servicio de playas anterior pero que aún nos reclama los intereses”. “Pero por mucho que hemos pagado seguimos con la presión de todo lo que tenemos que pagar”. Pero hay más porque desde la concejalía de Hacienda se anuncia ya que otras empresas afectadas por estas deudas buscarán también la vía judicial para el cobro. Es el caso de la promotora de la Casa de la Cultura a la que se deben cerca de 400 mil euros. La situación es casi insostenible y se espera que en el 2012 la deuda alcance los dos millones de euros. Aún así, el alcalde recuerda que se hace frente a los servicios fundamentales de la población y se abonan puntualmente las nóminas. Mientras, continuarán las negociaciones con las empresas pendientes de pago, en espera de que la situación no se agrave tanto como en otros municipios vecinos.