TCAM-SEVILLA/M.J.R.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para este miércoles una vista para debatir y analizar la petición de libertad de Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado día 21 de marzo tras declarar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en cocaína.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial celebrará el próximo miércoles día 6 de junio una vista para debatir sobre la petición de libertad del exchófer de Guerrero, imputado dentro de la investigación que lidera la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en torno a las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta.

El abogado del imputado, Antonio Aguilar, ha remitido un escrito de queja al presidente del TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que critica que la vista «se va a celebrar más de dos meses después de mi recurso, retraso que es ilegal y excesivo para los intereses de mi cliente», a lo que se suma que «la causa penal es muy compleja, estando en trámite muchos otros recursos de apelación que deben resolverse en plazo». «Esta situación es perjudicial para mi cliente», concluye.

El imputado, al que la magistrada impuso una fianza de 2,3 millones, comenzó su declaración imputado por 11 delitos –prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, otros tres de falsedad en documento oficial, y un último de falsedad en documento mercantil– y terminó imputado por 22, ya que la juez cree que existen «indicios» de que pudiera haber incurrido en otros cinco delitos de cohecho, cinco de falsedad en documento mercantil y uno de alzamiento de bienes.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad al entender que existe riesgo de fuga, a lo que se suma que, actualmente, se están investigando los datos contables de las empresas vinculadas al imputado.

Así, Anticorrupción considera que «no se han modificado» las circunstancias que llevaron al ingreso en prisión de Juan Francisco Trujillo, pues al riesgo de fuga se suma la gravedad de los delitos que se le imputan, ya que por el delito de malversación podría ser condenado en su caso a una pena de hasta 12 años de cárcel, a lo que se suma, tal y como argumentó en su día, su «plena cooperación en una labor continuada de saqueo de fondos públicos».

Durante la celebración de la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía consideró adecuado que la investigación se extendiera al descubrimiento del destino del dinero público, así como de la existencia de otras empresas y/o patrimonios controlados de manera directa o indirecta por el imputado, tras todo lo cual la magistrada, por medio de un auto, solicitó a la Agencia Tributaria que examinara los datos relativos a ingresos y pagos de cinco sociedades vinculadas al exchófer de Guerrero, también en prisión.

Recurso de Trujillo

El abogado de Trujillo presentó un recurso de apelación solicitando la puesta en libertad de su cliente al entender que no existe riesgo de fuga y que los delitos que se le imputan han prescrito. En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que la justificación de riesgo de fuga «queda vacía de contenido», ya que carece de ingresos económicos, «lo que impide que pueda lograrse la supuesta huida»; tiene arraigo social, ya que su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), y es él quien se ocupa de cuidar a sus dos hijos menores mientras su pareja desarrolla su jornada laboral».

Igualmente, hace referencia al hecho de que, en el presente caso, «no puede ignorarse la prescripción de la mayoría» de los delitos imputados, «si no todos», punto en el que alude además a que la pena que podría corresponderle a su patrocinado por alguno de estos delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias o la prevaricación, «no excede de dos años».

Al hilo de ello, precisa que el delito de obtención de subvenciones «falseando las condiciones requeridas para ello» que le imputa la juez Mercedes Alaya «notoriamente ha prescrito», mientras que su cliente, en su declaración judicial, «contestó todo lo que se le preguntó, a excepción de las acusaciones particulares, que solo pretendían un proceso eminentemente político, y cuándo se le preguntó».

Además, señala que la resolución impugnada «afirma que, desde la declaración prestada y conforme la misma se iba desarrollando», Trujillo «ha podido contemplar la magnitud de la presunta actividad delictiva por él desarrollada y que fundamenta el riesgo de fuga», todo ello «a pesar de reconocerse su arraigo familiar y el haber comparecido en ocasiones anteriores de forma voluntaria y sin solicitar asistencia letrada».

«No se puede compartir la anterior afirmación, habida cuenta de que en todo momento y desde 2011, cuando se realizan diversas declaraciones policiales y judiciales, Trujillo ha sido consciente del alcance de su declaración, pues es a través de las mismas cuando se desarrolla el interrogatorio que precede a la medida y que consiste en matizaciones y ampliación de detalles respecto de los hechos delictivos confesados con anterioridad», apostilla.

El abogado también niega que el exchófer de Guerrero pueda influir en la destrucción de facturas supuestamente falsas «a fin de ocultar nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva», señalando que su cliente «ha dado respuesta sobre la elaboración» de las mismas «y ha expresado de forma concisa quien las ha emitido y quien las ha abonado».