La demolición de varias naves de la antigua Fábrica de Conservas y de las casas de los almadraberos, situadas en el Paseo Marítimo de Tarifa, ha generado una fuerte controversia por la presunta presencia de amianto en las estructuras derribadas y la ausencia de medidas de seguridad obligatorias. La Plataforma Ciudadana Tarifa No Se Vende ha denunciado públicamente lo que califica como una actuación “temeraria, opaca y contraria a la legalidad vigente”, señalando la responsabilidad directa del Ayuntamiento de Tarifa por permitir el inicio de los trabajos.
Según el colectivo ciudadano, los derribos se están ejecutando con maquinaria pesada sobre elementos que contienen fibrocemento con amianto, sin que se haya aplicado el protocolo exigido por el Real Decreto 396/2006, que regula los trabajos con riesgo de exposición a este material altamente cancerígeno. Esta normativa obliga, entre otros requisitos, a contar con un Plan de Trabajo específico aprobado por la autoridad laboral y a que la empresa responsable esté inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).
La plataforma considera especialmente grave la localización de la obra, situada en pleno Paseo Marítimo y colindante con dos centros educativos. Según denuncian, ni el Ayuntamiento ni la empresa ejecutora han informado a las direcciones de los colegios sobre el calendario de los trabajos ni sobre las medidas de protección previstas, incumpliendo una obligación legal destinada a proteger la salud del alumnado y del personal docente.
Desde “Tarifa No Se Vende” también se alerta de la falta de confinamiento del área afectada, la ausencia de riegos constantes para evitar la dispersión de fibras y la inexistencia de sistemas de captación de aire perimetral. Estas carencias, subrayan, incrementan notablemente el riesgo en un entorno especialmente sensible por los fuertes vientos característicos de la zona. “Se están manipulando materiales con fibras cancerígenas en condiciones de alta volatilidad sin ninguna garantía de seguridad”, advierten.
El colectivo enmarca estos hechos en un “modus operandi reincidente” por parte del gobierno local, al que acusa de dejación de funciones y de no ejercer una fiscalización adecuada en materia de salud pública. A ello se suma, según la denuncia, una “opacidad absoluta” en la ejecución de la obra, ya que no existe cartelería informativa visible que indique el número de expediente, los responsables técnicos o las autorizaciones pertinentes, lo que dificulta cualquier control ciudadano.
La rapidez con la que avanzan los derribos refuerza, a juicio de la plataforma, la sospecha de un intento de consumar hechos irreversibles antes de que pueda producirse una reacción administrativa o social. Por todo ello, exigen la paralización inmediata de los trabajos hasta que se haga público el Plan de Desamiantado, se garantice que el aire de los centros educativos está libre de contaminación y se asegure el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.
“La seguridad de la comunidad escolar y la protección del ecosistema litoral no pueden quedar subordinadas a la prisa, el ocultismo ni a decisiones arbitrarias”, concluye el comunicado de la plataforma ciudadana.
