La televisión municipal emitió un corte con la declaración del alcalde, pero el pleno extraordinario sigue sin estar disponible. Además, la suspensión del informativo de ayer lunes reabre el debate sobre la veracidad, transparencia y el uso de los recursos públicos, 30 minutos de producción propia al día son un balance difícil de justificar con ese presupuesto y las carencias evidentes que soporta  Tarifa.

El mensaje difundido por la propia televisión municipal indicaba:

«Una incidencia en los sistemas informáticos de esta casa nos impide ofrecerles los servicios informativos diarios de hoy lunes. En su lugar, a las 21:30 horas podrán disfrutar del reciente acto de elección de las reinas de las fiestas patronales de septiembre.»

La explicación resulta difícil de entender para muchos ciudadanos. Si la cadena dispone de los medios técnicos para emitir un programa ya grabado, también parece razonable preguntarse por qué no ha podido ofrecer el informativo o, al menos, explicar con mayor detalle el alcance real de la incidencia.

La controversia llega además después de otro episodio que ha levantado críticas. El pleno extraordinario rodeado de controversia y celebrado por sorpresa continúa sin estar disponible para su consulta pública —se desconoce incluso si fue grabado íntegramente—. Sin embargo, sí se difundió un vídeo con la intervención del alcalde, sin incluir las respuestas o intervenciones de los grupos de la oposición.

Esta circunstancia vuelve a alimentar el debate sobre la función que debe desempeñar un medio de comunicación público financiado con dinero de todos los vecinos. Una televisión municipal no está llamada únicamente a difundir la actividad institucional del equipo de gobierno, sino a ofrecer una información completa, plural y accesible para toda la ciudadanía.

Con un presupuesto de alrededor de 400.000 euros al año, muchos vecinos consideran que RTV Tarifa debería garantizar unos servicios informativos sólidos y transparentes, especialmente en asuntos de interés público como la celebración de los plenos municipales.

Más allá de una incidencia puntual, lo que preocupa es la sensación de que cada vez resulta más difícil acceder a información completa sobre la actividad municipal. La transparencia institucional no consiste únicamente en comunicar, sino en hacerlo ofreciendo todas las voces y facilitando a los ciudadanos el acceso a la información pública.

Porque cuando desaparecen los plenos, solo se difunden declaraciones institucionales y los informativos se suspenden sin una explicación convincente, la pregunta deja de ser técnica para convertirse en política: ¿está recibiendo la ciudadanía toda la información que merece de un medio que financia con sus impuestos?