La tensión urbanística vuelve a crecer en Tarifa. Vecinos del barrio de La Chanca han denunciado públicamente lo que consideran un “cierre ilegal” de los accesos a sus viviendas y alertan de que la situación podría convertirse en “el primer paso para un desahucio exprés” vinculado al polémico proyecto urbanístico del Frente Litoral.
Según explican los residentes, el pasado 19 de mayo presentaron un escrito oficial ante el Ayuntamiento de Tarifa denunciando el bloqueo de calles y accesos tradicionales utilizados históricamente por los vecinos del barrio, dificulta gravemente la movilidad diaria en una zona habitada desde hace generaciones.
«Nos han cortado las calles, obligándonos a cargar a hombros con las bombonas de butano y, lo que más nos preocupa, impedirían el paso de una ambulancia en caso de que tengamos una emergencia»
Pero la principal preocupación vecinal va más allá de las molestias cotidianas. Los afectados advierten de que el cierre de accesos podría impedir incluso la entrada de servicios de emergencia como ambulancias o vehículos sanitarios en caso de urgencia.
“Nos están dejando aislados”, denuncian los vecinos, que sostienen además que las escrituras de propiedad firmadas en 1996 reconocen expresamente el carácter público de los accesos afectados.
El conflicto llega en un momento especialmente sensible para La Chanca, barrio incluido dentro de las áreas afectadas por los futuros desarrollos urbanísticos del denominado “Proyecto Frente Litoral”, vinculado a las unidades urbanísticas UA-10 y UA-11. Este plan contempla una profunda transformación del frente marítimo de Tarifa y ha generado una creciente preocupación entre residentes y colectivos sociales que temen desplazamientos vecinales y procesos de gentrificación.
El proyecto urbanístico salió a la luz públicamente el pasado año tras conocerse el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Tarifa y la empresa Granparcela SL para impulsar una reordenación de más de 148.000 metros cuadrados del litoral tarifeño. Entre las actuaciones previstas figuran demoliciones, traslados de equipamientos y nuevos desarrollos residenciales y hoteleros en una de las zonas más cotizadas del municipio.
Los vecinos sospechan ahora que el deterioro de la accesibilidad y el aislamiento progresivo del barrio podrían formar parte de una estrategia para facilitar futuras actuaciones urbanísticas en la zona.
Mientras tanto, denuncian que el Ayuntamiento mantiene silencio ante el escrito registrado y recuerdan que la administración local tiene de plazo hasta el próximo 19 de junio de 2026 para responder formalmente a sus reclamaciones.
La protesta vecinal se ha extendido en redes sociales bajo el lema “La Chanca no se vende”, convertido ya en símbolo de oposición a cualquier proyecto que pueda alterar la identidad histórica y social del barrio.
