El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para declarar como testigo el próximo 30 de julio, a las 11.00 horas, en el marco de la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que la prueba testifical se practicará en La Moncloa, en virtud de lo que establen los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Dichos artículos fijan que cuando la declaración del presidente del Gobierno fuese «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo», el juez se desplazará a su domicilio o despacho oficial para la comparecencia.

Cabe recordar, sin embargo, que la propia LeCrim en su artículo 416 contempla que el cónyuge de una persona investigada está «dispensado de la obligación de declarar». Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias precisan que ello no le exime de la obligación de comparecer.

De cara al interrogatorio previsto para el 30 de julio, el juez ha requerido a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para que, acompañados de agentes de la Policía Judicial, «se personen el día 29 de julio» en la sede del Palacio de La Moncloa. El instructor también ha designado a dos técnicos para que acompañen a la comisión judicial por si el día de la declaración hay «algún incidente».

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que ello no le eximiría de la obligación de comparecer ante el juez, por lo que hasta que el instructor no se presente en La Moncloa, el presidente del Gobierno no podría acogerse a dicho artículo.

Se grabará la declaración
Aunque la propia ley da la posibilidad de declarar por escrito a los presidentes del Gobierno citados como testigo, la norma reserva esta modalidad para los casos «sobre los que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo». En el caso de Sánchez, el juez explica que se desplazará a La Moncloa en virtud del artículo 412.3, que hace referencia a «cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo».

De cara al interrogatorio previsto para el 30 de julio, el juez ha requerido a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para que, acompañados de agentes de la Policía Judicial, «se personen el día 29 de julio» en la sede del Palacio de La Moncloa «para que la citada prueba documental sea recogida en el correspondiente soporte de grabación». El instructor también ha designado a dos técnicos para que acompañen a la comisión judicial por si el día de la declaración hay «algún incidente».

Así las cosas, se prevé que la testifical del presidente del Gobierno quede grabada y se aporte al procedimiento en el que ya figuran tres investigados: Begoña Gómez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar
La decisión del magistrado tiene lugar después de que el pasado viernes Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar toda vez que su abogado se recomendó por apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra.

«Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración», señaló su abogado, Antonio Camacho, en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.

La citación del pasado viernes se acordó después de que el 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de ‘Hazte Oír’, no le había sido notificada.

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias acusa a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Desde el sindicato aseguran que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.

La denuncia de Manos Limpias
En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias acusa a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Desde el sindicato aseguran que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.

«Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.