El pasado 27 de mayo tuvo lugar un encuentro a tres que se celebró entre el Gobierno andaluz, la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, José María Bellido, valoró los avances detallando que los ayuntamientos se habían sentido “escuchados y atendidos” porque, a partir de ahora, su opinión se tendrá en cuenta en el desarrollo del modelo turístico en Andalucía.
Junto a los datos económicos y de repercusión en el empleo que tiene la “principal industria de Andalucía”, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara, reconocieron públicamente que hay “inconvenientes” que la sociedad está mostrando y a los que hay que prestar atención, como son la proliferación de viviendas turísticas y la gentrificación que generan en los cascos históricos de las ciudades; el turismo de borrachera y de mala calidad que hay que evitar, y el sobrecoste que genera en los servicios públicos.Con este panorama, sí que hubo acuerdo en que es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad social del turismo y la solución que anunció el consejero Arturo Bernal pasaba por la creación de un Observatorio para la sostenibilidad turística local de Andalucía. Un organismo que liderará la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y en el que se organizarán varios grupos de trabajo.
También se habló de crear herramientas para compensar a los municipios y lograr mitigar los efectos negativos del turismo, y entre esas herramientas, apareció la alternativa de cobrar una tasa turística. Esto podría pasar por ceder un 1% de los ingresos que genera el IVA turístico, según un ejemplo que puso el propio Bernal, o por buscar alguna otra vía de financiación alternativa, porque nadie dudó ayer del coste que supone para las arcas municipales el incremento de población que supone el turismo.
Tal y como refiere en un artículo el Diario de Cádiz, la tasa turística, para desolación de muchos, no es un medio para impedir o refrenar la afluencia turística: allá donde se ha implantado, ha seguido igual o ha aumentado. Su coste es nimio para provocar algo así –en Cataluña, por ejemplo, oscila entre los 0,60 € y 3,50 euros por persona y día según tipo de establecimiento–. El objetivo de una tasa turística no es otro que mitigar el coste que el turismo tiene en un espacio, a nivel, por ejemplo, de servicios, impacto medioambiental o uso del agua: un desgaste que terminan asumiendo los ayuntamientos. En casos, por ejemplo, como el de la capital gaditana, de población menguante –y menguantes ingresos en las arcas municipales, de seguir así–, sería algo a considerar seriamente.
Si en la provincia de Cádiz aplicáramos una tasa media de dos euros por pernoctación, los ingresos por este concepto superarían los veinte millones de euros. Para ello, tomaríamos como base los 8,2 millones de pernoctaciones que se dieron en establecimientos gaditanos en 2023, más 1.458.560 de noches en los campings de la provincia, más las 801.615 pernoctaciones en apartamentos turísticos –tomando datos de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de Cartografia y el INE–. En total, con estos datos, alcanzaríamos los 20.920.350 euros de recaudación.
A ello habría que sumar lo que arrojarían las estancias en Viviendas de Uso Turístico (VUT) registradas en la comunidad autonónoma. Aunque no hay datos oficiales respecto a pernoctaciones, los alojamientos de este tipo acumulaban el año pasado más de 17.000 viviendas con un total de 93.864 plazas en la provincia gaditana. Según los datos que mostraba el año pasado Exceltur en el informe ‘Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España’, el alojamiento turístico realizado en viviendas a través de plataforma en las 17 principales localidades de la provincia suponía un 37,5% del total de las plazas disponibles. Con una media de estancia similar a la de hoteles, campings y apartamentos, sus ingresos aumentarían en más de un tercio el cálculo inicial.
Todo esto, claro, hablando de los registros oficiales: en las localidades turísticas, se calcula que, por cada turista que pernocta en alojamientos inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, tres lo hacen en viviendas no inscritas.
Un comentario
Qué duda cabe que una tasa turística ayudaría a los municipios que soportan la masificación turística incontrolada, a paliar las abultadas deudas de origen muchas veces desconocido que amenazan la estabilidad de los consistorios. Pero los problemas que acarrean a la población los negocios de turismo masivo continuarían, es decir, expulsión de la población autóctona en beneficio de unos pocos que se permiten pagar precios millonarios por viviendas no para vivir, masificación de ciudades sin recursos para atender a un incremento artificial de la población, problemas de convivencia y muchos otros que sólo entienden de hacer dinero fácil. Por otro lado existe el turismo clandestino que no entiende de números ni estadísticas si no de aquellos que no asoman al conocimiento de Hacienda, en esto los ayuntamientos-a mi entender- pueden ser culpados de negligencia “in vigilando”, se sabe que en España el turismo no declarado (pisos de alquiler turístico principalmente o contratos veraniegos en dinero negro) mueve millones al año y los responsables de los consistorios suelen encogerse de hombros en un “¿yo qué le voy a hacer?”.
Desde aquí quiero decir que los ayuntamientos tienen que ser la base tanto de la lucha contra el turismo clandestino como tanto las autonomías, el Estado y los entes locales de velar por los intereses generales de los ciudadanos ante la proliferación de turismo de masas que perjudica la población aunque beneficia a unos pocos, controlando dicha masificación, poniendo límites y orden como en otros muchos países de Europa y el mundo con este mismo problema pero con gobernantes a todos los niveles más serios.