«Tarifa no se vende» prepara diversas acciones frente al proyecto de reforma del litoral

«Tarifa no se vende» es una plataforma netamente ciudadana que surge al calor de la movilización por el derecho a vivir mejor y en respuesta al convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Tarifa pretende firmar con la empresa GranParcela, S.L. para urbanizar más de 150 mil metros cuadrados del frente litoral urbano a espaldas de los intereses y necesidades de la mayoría de la población.

La plataforma se constituyó el pasado 17 de septiembre en reunión de trabajo abierta con el propósito de caminar hacia un municipio sostenible, económico y social que se haga cargo del presente mirando al futuro y que sea acorde a los intereses y necesidades de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que viven, desean vivir y desean volver a Tarifa. La plataforma también está abierta al apoyo de los grupos y partidos políticos, asociaciones, organizaciones y colectivos sociales de cualquier ámbito, sin que ello suponga la representación de la plataforma.

En cuanto a su estructura organizativa, Tarifa no se vende se compone inicialmente de tres comisiones: jurídica, de comunicación y urbanística , en la que cualquiera puede participar. El trabajo transversal será el motor de las comisiones que componen la plataforma con el fin de concentrar las actuaciones a realizar. Arrancan así los equipos con la elección de los portavoces que coordinarán los diferentes equipos de las comisiones.
En este sentido, Tarifa no se vende entiende que el convenio con GranParcela, S.L. obvia por completo los derechos básicos de ciudadanía y no encaja con el horizonte de modelo de municipio, sino que, muy al contrario, profundiza en los problemas estructurales de Tarifa. Es por ello por lo que ya se está trabajando en distintas acciones entre las que estarían la preparación de alegaciones al anuncio del convenio en el BOP la recogida de firmas, reuniones con diferentes sectores de la población, así como la convocatoria a la población y a todos los colectivos y organizaciones sociales para mostrar una vez más el rechazo mayoritario al convenio, con el propósito de que el actual equipo de gobierno formado por PP y NAT tome conciencia y
desista de su firma. En este punto es importante recordar que todavía se puede renunciar a la firma del convenio sin que existan implicaciones legales y económicas para el Ayuntamiento de Tarifa.

La plataforma también muestra su rechazo a las recientes declaraciones del primer Teniente de Alcalde, Jorge Benítez, que
solo han servido para confundir más a la ciudadanía que asistió al encuentro informativo organizado en busca de respuestas a las principales dudas, sin contar las continuas contradicciones en las que incurrió en su intervención. Es por esto que la plataforma Tarifa no se vende exhorta al alcalde como máxima autoridad local a que realice las declaraciones oportunas y le solicita que el próximo pleno en que vaya tratar este importante tema sea en horario de tarde para facilitar la máxima participación ciudadana.

Tarifa no se vende quiere abrir una conversación pública con toda la ciudadanía tarifeña para caminar hacia un municipio que permita vivir. Entiende la plataforma que el convenio con GranParcela, S.L. es un epifenómeno y que la enorme respuesta ciudadana tiene su fundamento, por un lado, en el agotamiento del actual modelo que choca con los límites físicos, mentales y naturales, y por otro, en el deseo de organizar el territorio y las relaciones sociales en base al derecho a vivir mejor. Problemas estructurales como el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad, la fuerte erosión del medio natural, la desaparición de los espacios públicos para socializar sin consumir o la devaluación de los centros educativos, en definitiva, vidas más tranquilas, son temas fundamentales que la plataforma quiere pensar en colectivo.

Un comentario

  1. Aconsejaría a la plataforma que empezara a recaudar fondos para tomar medidas legales si creen -como todos los indicios apuntan- que este brutal proyecto urbanístico no es legal (lo cual sólo corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo decidirlo), para eso hace falta medios económicos, pero al ver que la mayoría de la población de Tarifa -sea de la ideología que sea- están radicalmente opuestos al proyecto, esa es la única madera de declararlo nulo por completo o en su mayor parte. No hay otra forma. Los pocos que defienden este proyecto seguro que tendrán ya respaldo legal para defenderlo hasta sus últimas consecuencias.

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