La madrugada del pasado viernes volvió a dejar una escena de extrema violencia en el Campo de Gibraltar. Cuatro agentes de la Guardia Civil de Algeciras resultaron heridos cuando participaban en un operativo para abortar un alijo de tabaco en la zona de Palmones, en el término municipal de Los Barrios. Los hechos, de enorme gravedad, han reavivado de nuevo el debate sobre la seguridad, la protección y los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente al contrabando y al narcotráfico en una comarca especialmente castigada por estas actividades delictivas.
Tras conocerse el suceso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alzado la voz con contundencia para denunciar la situación de desamparo que, según el colectivo, padecen los agentes sobre el terreno. Desde la organización sindical insisten en que este nuevo episodio violento no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de advertencias ignoradas, de falta de medios y de una legislación que, en su opinión, no protege de manera suficiente a quienes arriesgan su vida a diario.
Algeciras, nuevo episodio de violencia contra la droga
El operativo se desarrollaba en plena madrugada cuando los agentes detectaron un alijo de tabaco que estaba siendo desembarcado en la zona de Palmones. La intervención policial desencadenó una reacción violenta por parte de los implicados en el contrabando, produciéndose una embestida contra los agentes que acabó con cuatro guardias civiles heridos de diversa consideración.
El suceso ha causado una enorme preocupación tanto entre los propios cuerpos de seguridad como en el conjunto de la ciudadanía del Campo de Gibraltar, una comarca que lleva años conviviendo con la presión constante del narcotráfico, el contrabando de tabaco y la presencia de organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor organizadas.
Desde la Guardia Civil no se han facilitado todos los detalles del operativo por tratarse de una investigación en curso, aunque sí se ha confirmado que los agentes heridos tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras la intervención, y que se han abierto diligencias para identificar a los responsables de la embestida.
Algeciras, denuncian la “ruptura del principio de autoridad”
La reacción de la Asociación Unificada de Guardias Civiles no se ha hecho esperar. Su secretario provincial, Víctor Carrasco, ha sido especialmente contundente al valorar lo ocurrido. Carrasco ha afirmado que hechos como el de Palmones ponen de manifiesto, una vez más, “la poca protección” con la que cuentan los agentes. “Estamos desamparados. Venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo que el principio de autoridad está roto. Esta embestida la hace una persona que sabe que no le va a pasar nada, que el delincuente quedará en libertad, que asume que no tiene pena y se permite el lujo de matarnos”Las palabras del responsable de la AUGC reflejan el malestar acumulado en el seno del cuerpo y el sentimiento de indefensión que, según denuncian, padecen muchos agentes destinados en el Campo de Gibraltar. Desde el colectivo insisten en que los delincuentes actúan con una sensación de impunidad cada vez mayor, conscientes de que las consecuencias penales son, en muchas ocasiones, limitadas.
Algeciras, reclamaciones históricas
La AUGC recuerda que no es la primera vez que se producen agresiones graves a agentes durante operativos contra el contrabando y el narcotráfico en la comarca. En los últimos años se han sucedido episodios de persecuciones, embestidas con todoterrenos, ataques con embarcaciones de alta velocidad e incluso agresiones directas a los guardias civiles y policías que participan en estos dispositivos.
Desde el colectivo denuncian que esta escalada de violencia no ha dejado de crecer en la última década, paralela al aumento de la presión de las organizaciones criminales que operan en el litoral gaditano y el Estrecho de Gibraltar.
“Llevamos más de diez años pidiendo refuerzos, medios adecuados y protección real para los compañeros. Cada día la situación es más peligrosa y cada día los delincuentes se sienten más fuertes”, señalan desde la organización.
Alternativas, endurecimiento del Código Penal
También se ha pronunciado tras los hechos el presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar, Francisco Mena, una de las voces más reconocidas en la lucha social contra el narcotráfico en la comarca. “Aquellos que utilizan la violencia contra cualquier agente tienen que saber que eso les va a costar muy caro. El Código Penal no recoge esto como nos gustaría a la ciudadanía en general”
Mena ha señalado que es imprescindible enviar un mensaje claro y contundente a quienes utilizan la violencia contra los cuerpos de seguridad. En su opinión, hoy por hoy las penas no cumplen una auténtica función disuasoria frente a organizaciones que manejan grandes cantidades de dinero y que asumen el riesgo de ser detenidos como parte de su actividad criminal.
Algeciras y la comarca, zona de confort del contrabando
Francisco Mena ha querido recordar que, aunque el narcotráfico se ha ido desplazando en los últimos años a otros puntos de la geografía española, el Campo de Gibraltar sigue siendo la gran “zona de confort” del contrabando de tabaco y una de las principales puertas de entrada del hachís procedente de Marruecos. “Siempre hemos dicho que el Campo de Gibraltar es el epicentro del narcotráfico. Ahora se ha desplazado a otros lugares, pero esta sigue siendo la zona de confort del contrabando de tabaco y tiene que haber un aumento importante en los medios tecnológicos y humanos para la lucha contra el narcotráfico”
El presidente de la Coordinadora Antidroga insiste en que la lucha es “desigual” y que, sin un refuerzo real y estable de recursos, los resultados seguirán siendo insuficientes.
Narcolanchas, menores y organizaciones cada vez más organizadas
Desde la AUGC también han querido subrayar otro de los grandes problemas que se repite en cada intervención: el uso cada vez más habitual de menores para participar en labores de vigilancia, transporte o descarga de mercancía ilegal, aprovechando su inimputabilidad penal.
“Cada día se utiliza más a menores y vamos de mal en peor”, denuncian desde la asociación, que alerta del riesgo social y humano que supone normalizar este tipo de prácticas en el entorno del Estrecho.
Además, los agentes se enfrentan con frecuencia a narcolanchas de gran potencia que “campan a sus anchas por el litoral”, tal y como recalca la asociación, lo que multiplica el peligro de las intervenciones nocturnas y las persecuciones marítimas y terrestres.
Una reivindicación constante desde hace más de una década
Tanto la AUGC como los colectivos ciudadanos llevan años reclamando al Gobierno central un plan integral específico para el Campo de Gibraltar, con inversiones estables en medios humanos, técnicos, judiciales y sociales.
Si bien el Plan Especial de Seguridad puesto en marcha en años anteriores permitió algunos refuerzos puntuales, los sindicatos y las plataformas ciudadanas consideran que estos esfuerzos han sido insuficientes para combatir unas redes criminales cada vez más profesionalizadas y con mayor capacidad logística y económica.
“Te encuentras con gente que no tiene ni idea de ciencia policial ni de patrullaje que nos dice que tenemos medios adecuados. La realidad sobre el terreno es muy distinta”, lamentan desde la AUGC.
Algeciras, la seguridad de los agentes como línea roja
El episodio de Palmones ha vuelto a abrir un profundo debate en la comarca sobre hasta qué punto están protegidos quienes se juegan la vida en cada intervención contra el contrabando y el narcotráfico.
Sindicatos, asociaciones y colectivos ciudadanos coinciden en que la seguridad de los agentes debe convertirse en una prioridad absoluta, no solo con más efectivos, sino también con mejores equipos de protección, vehículos adecuados, más medios tecnológicos, refuerzos judiciales y una respuesta penal firme frente a quienes atacan a los cuerpos de seguridad.
Mientras los cuatro agentes heridos se recuperan de sus lesiones, el Campo de Gibraltar vuelve a mirar con preocupación a una realidad que se repite con demasiada frecuencia: enfrentamientos, persecuciones, alijos, violencia y una lucha que, según quienes la viven día a día sobre el terreno, sigue siendo profundamente desigual.Los colectivos profesionales y sociales insisten en que no se trata de un problema puntual, sino estructural, que requiere decisiones políticas firmes, inversiones sostenidas y un compromiso real a largo plazo para devolver la seguridad a una comarca castigada durante décadas por el narcotráfico y el contrabando.
