Las pensiones más bajas pagarán 8 euros al mes por los medicamentos

TCAM-NACIONAL/María José Romero

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado este miércoles 18 de abril de 2012 con las comunidades autónomas implantar el copago sanitario por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud español.

Esta medida de copago de medicamentos se aplicará a todas las pensiones contributivas y a los trabajadores en activo, de tal forma que tendrán que abonar al mes una cantidad en concepto de recetas y medicación. Los desempleados sin prestación y las pensiones no contributivas no pagarán, en principio, por recibir los medicamentos. 

Los pensionistas deberán pagar en las farmacias un 10 por ciento del precio de los medicamentos, lo que se traduce en unos 8 ó 18 euros al mes, en función de su pensión. Las más bajas (menos de 18.000 euros anuales) pagarán desde 8 euros y las más altas, las que superen los 18.000, abonarán un límite de casi 20 euros al mes por sus recetas médicas. 

Para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo, que hasta la fecha pagaban un 40 por ciento del precio de los medicamentos, no tendrán que abonar ninguna cantidad hasta que no vuelvan a cotizar a la Seguridad Social. La misma medida de no pagar se aplicará a las pensiones no contributivas 

Durante la reunión mantenida con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) también se ha aprobado aumentar en un 10 por ciento, de 40 a 50, el importe que deben abonar por las recetas los trabajadores activos cuya renta sea superior a 18.000 euros al año. Mientras que los que tributen por debajo de esta cantidad y aquellos que sean familia numerosa, seguirán abonando el 40 por ciento establecido por Ley. Para los trabajadores activos cuya renta sea superior a 100.000 euros anuales deberán abonar hasta un 60 por ciento, un máximo de 60 euros mensuales. 

Con esta medida, Sanidad estima un ahorro anual de 3.500 millones de euros, aunque la ministra ha querido dejar claro que no se ha creado con «fines recaudatorios», y ha indicado que era la mejor manera de mantener la asistencia sanitaria gratuita en España. 

Este plan, con el que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros (un 10% del gasto sanitario público, será aprobado este viernes 20 de abril de 20912 por el Consejo de Ministros y se hará efectivo en un plazo de dos meses.

La misma sanidad en todas las comunidades

Sanidad y las comunidades han acordado también establecer una cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, para asegurarse que todos los españoles reciban el mismo tipo de sanidad y las mismas prestaciones independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. 

Para ello, se establecerá una cartera común básica de servicios asistenciales, que incluirá como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

Prohibición a que los turistas se aprovechen de la atención sanitaria española

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado además que se incorporará al Derecho Español un artículo por el que se prohibirá de forma explícita desplazarse a una comunidad en busca de atención sanitaría, de esta forma se acabaría con el turismo sanitario y el Estado ahorraría hasta 1.000 millones de euros. 

En España, el número de turistas que visitan el país en busca de atención sanitaria sin derecho a la tarjeta sanitaria es muy elevado, unos 700.000 extranjeros, por eso el Gobierno y la ministra de Sanidad han decidido ponerle un freno. «Se pretende acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España», ha precisado la ministra.

Según contaba el Diario ABC el día 13 de abril de 2012, la Embajada Británica daba las claves para que sus ciudadanos recibieran atención médica gratuita en España, por eso con esta medida, el Gobierno atenderá a una «demanda social», y conseguir ahorrar, aproximadamente, unos 1.000 millones de euros que «es lo que se está gastando de más en este tipo de prestación sanitaria», ha indicado Ana Mato.

 

En resumen, con esta reforma: 

  • Los parados de larga duración no tendrán que pagar por los medicamentos.
  • La aportación del usuario a los fármacos se hará de manera más justa, en función de la renta.
  • Los pensionistas con menos recursos estarán exentos, y los que tengan pensiones bajas aportarán un máximo de 8 euros al mes.
  • La reforma da valor al medicamento y evitará que se tiren 3.700 toneladas de fármacos pagados todos los años.
  • Los envases de los medicamentos se ajustarán a la duración del tratamiento.
  • España adaptará la normativa europea para facturar de manera rápida y directa al país de origen la atención a los extranjeros.
  • La reforma garantiza una cartera de servicios básica para todos los españoles, con independencia de dónde vivan.
  • La plataforma centralizada de compras permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento.
  • Se establecerá un catálogo homogéneo de categorías profesionales para facilitar la movilidad de los sanitarios.

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