Ganar Tarifa se opone con rotundidad a que la ordenación y desarrollo urbanístico del litoral del municipio quede en manos de una empresa privada.

En nota de prensa la formación apunta que el gobierno del Ayuntamiento de Tarifa, dirigido por el Partido Popular y Nuevos Aires, ha firmado un convenio devastador para el interés público con la empresa GRAN PARCELA SL, con un capital social de 3.000€, cuyo administrador único es Borja Merayo, un exfutbolista marbellí asociado con grandes inversores del este de Europa.
Dicho convenio, que deja en manos de la empresa la ordenación del ámbito, comprende la demolición y sustitución de tres centros educativos; la posibilidad de sustituir también instalaciones deportivas, el Castillo de Santa Catalina, la EBAR e incluso 11 viviendas unifamiliares ubicadas en la Chanca, cuyo destino queda abandonado a merced de la voluntad de la empresa.
Dicha actuación se corresponde con el modus operandi de la derecha de los años previos a la crisis hipotecaria del año 2008, marcada por altos niveles de corrupción, de promoción de intereses espurios y de abandono del interés general para que el enriquecimiento, en muchos casos ilícito, de una minoría privilegiada.
Ganar Tarifa denuncia que no se haya encauzado un solo trámite administrativo para atajar el problema de la vivienda de la población tarifeño, y sin embargo se haya trabajado intensamente para poner una gran porción de Tarifa en manos de una promotora urbanística que sólo pretende enriquecerse a costa de nuestro patrimonio.
La formación asimismo se opone a que se siga especulando con el suelo público de todos los tarifeños, y que el modelo de desarrollo urbanístico priorice el desarrollo de promociones a precios inaccesibles para la ciudadanía de Tarifa; llegando incluso a plantear el destierro de múltiples espacios públicos, como los centros educativos, instalaciones deportivas o la EBAR, sin ni tan siquiera contar con la opinión de la comunidad educativa y la ciudadanía de Tarifa en general.
De nuevo, el gobierno local deja claras sus prioridades, que nada tienen que ver con el interés general y el bienestar de la población, sino con intereses económicos de carácter especulativo de un número contado de propietarios, en la mayoría de casos foráneos. Esta decisión no hace más que echar sal a las heridas latentes en la población y multiplicar los dolores que el modelo de desarrollo desplegado hasta ahora está provocando en Tarifa.