IAM/EP El diputado socialista por Cádiz Francisco González Cabaña ha exigido al Gobierno la prohibición en la provincia gaditana de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, también conocida como fracking, a la vez que ha criticado las «facilidades» para la ejecución de estas prospecciones que el Ejecutivo «pretende introducir en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental». En declaraciones a Europa Press, González Cabaña ha detallado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de enmiendas a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, entre las que se ha incluido la prohibición del fracking hasta que no se tenga certeza de su verdadero impacto ambiental. El diputado socialista ha enfatizado que con el citado proyecto de ley, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que dirige una persona «tan vinculada a la provincia de Cádiz» como el ministro Miguel Arias Cañete, «pretende convertir la evaluación ambiental en un trámite vacío de contenido, porque para el Gobierno del PP la protección ambiental es un obstáculo para hacer negocios». El PSOE aboga en sus enmiendas por «la inclusión sistemática de la evaluación de los impactos en el subsuelo, incluidos los sísmicos en la evaluación de proyectos, cuando la naturaleza del proyecto lo requiera, como ocurre con el conocido como el proyecto Castor». En opinión de González Cabaña, el Gobierno del PP ha autorizado en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental la técnica del fracking «por la puerta de atrás y sin explicar cuáles son sus riesgos, mientras que en países como Francia se acaba de prohibir por desconocer sus consecuencias». Asimismo, ha lamentado que el Gobierno esté «castigando el desarrollo de las energías renovables y, por el contrario, allane el camino a la explotación de gas con fracking». Subraya que esa postura se contrapone con la que ha adoptado recientemente el Parlamento de Andalucía en la que «se insta al Ejecutivo andaluz a dejar sin efecto, en su caso, todas las autorizaciones concedidas por la Junta para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica».RUEDALABOLA Y TESORILLO González Cabaña ha señalado como ejemplo de las «facilidades» que el Gobierno está dando al fracking, la resolución del Ministerio de Industria, publicada en el BOE del pasado 11 de febrero, en la que se autoriza la concentración de trabajos e inversiones entre los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Ruedalabola’ y ‘Tesorillo’, contemplados en dos parcelas que abarcan 82.000 hectáreas de superficie que se extiende por los Parques Naturales de Los Alcornocales, La Breña y el Estrecho de Gibraltar a través de los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Vejer, Barbate, Los Barrios y Tarifa, todos en la provincia gaditana. El parlamentario socialista ha detallado que con la resolución del pasado mes de febrero, el Ministerio de Industria «ha adelantado los plazos para que la empresa que tiene los permisos pueda realizar perforaciones de sondeos». En este punto, ha recordado que los permisos de investigación de hidrocarburos aprobados en el año 2010 –cuando gobernaba el PSOE– en estas dos zonas de la provincia «conferían a su titular el derecho para investigar la existencia de hidrocarburos en el área otorgada, pero no suponían una autorización automática de ningún tipo de trabajo»; es decir, «un permiso de investigación no es un permiso de explotación de los potenciales yacimientos», explica. Además, la concesión de aquellos permisos establecía que, «con carácter previo a la ejecución de cada trabajo de prospección, se debería obtener la correspondiente autorización administrativa tras someterse al procedimiento medioambiental pertinente». Finalmente, ha incidido en que su partido entiende que, «ante la alarma social que se ha creado en los últimos meses, se debe prohibir el fracking hasta que no se tenga certeza de su verdadero impacto ambiental». Por ello, exige un cambio en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental para «priorizar el principio de precaución frente al desmantelamiento programado de los instrumentos de protección ambiental».
