La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, quiere censurar públicamente el silencio de la Diputación provincial y del Consorcio de Bomberos, dependiente de la primera, ante el acoso inmoral e inconstitucional que ejerce la empresa concesionaria del 085, Qualytel, filial de Arvato Bertelsmann, hacia sus trabajadores.
Concretamente, CSIF se refiere al último episodio protagonizado por esta empresa, que quiere recurrir la sentencia, de mediados del mes pasado, en la que se le obligaba a readmitir a una trabajadora ejemplar de su plantilla, despedida en junio como represalia por denunciar irregularidades en la empresa. La sentencia de diciembre consideraba probado que Qualytel había falseado los motivos para despedir a Paloma Gil, que lo hacía como represalia por su actividad sindical, y por lo tanto consideraba su despido nulo y obligaba a su readmisión.
Tras el drama de esta trabajadora (recordemos que es discapacitada), respaldada por todo el colectivo del 085 así como de los bomberos de toda la provincia, volvió a su trabajo y ahora se ha encontrado con que la empresa ha recurrido la sentencia. Lo que es peor es que el marido de la afectada, también discapacitado, ha sufrido un gravísimo ataque cardíaco al enterarse de que la empresa vuelve a la carga de forma despiadada. Además, la noticia de que la sentencia está siendo recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha extraviado y no ha llegado a su abogado (como sería lo lógico), sino directamente a su domicilio particular a través de un burofax. Es por ello por lo que CSIF exige la mediación del presidente de la Diputación provincial, José Loaiza, y del Consorcio de Bomberos, para no convertirse en cómplices inmorales de la actitud mafiosa de esta empresa y para exigir el cese inmediato del acoso hacia esta trabajadora y el resto de representantes sindicales que desempeñan su labor constitucional de denunciar las irregularidades. Al mismo tiempo, CSIF pide a Loaiza que cumpla con su palabra y finiquite, de una vez por todas, la relación con Qualytel, puesto que prometió en su día que lo haría en caso de que se demostrara que el despido no era procedente.
CSIF quiere recordar que Qualytel realiza un servicio público como es el teléfono de emergencias de bomberos de toda la provincia, cuando la normativa obliga a este tipo de empresas a cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, salud laboral… Y aquí queda demostrado que esta empresa no está capacitada para gestionar servicios tan esenciales para la ciudadanía.
