IAM/Redacción El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, ha corroborado la legalidad de las obras que se vienen ejecutando conforme al Proyecto ‘Eolo’ en la zona de la ensenada de Valdevaqueros.
En declaraciones, el regidor municipal ha dicho que “desde que concedió la licencia de obras, las actuaciones se pusieron en marcha la pasada semana, siguiendo todos los trámites administrativos pertinentes y con información favorable”.Un proyecto que pasó, hace dos semanas, por la junta local de gobierno, “y cuenta con calificación ambiental, licencia de obras y actividad, y con todos los informes sectoriales que ello conlleva”, insiste. “Las obras concluirán antes del verano y es una cuestión que compete al promotor de las obras”, apostilla. Un proyecto que, reitera, “viene a ordenar la zona en cuanto a asentamiento de autocaravanas” y además incorporará más servicios con la ubicación de un chiringuito, escuela náutica y aula de formación medioambiental.Sin embargo, la Plataforma Salvemos Valdevaqueros, a través de uno de sus colectivos, la Asociación Somos Tarifa, ha llevado a Fiscalía al citado proyecto “por otorgar licencia de obras que se están ejecutando mientras que contra el citado acuerdo de licencia se puede interponer recuso de reposición y recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Además indican, se encuentra un litigio abierto pendiente de Resolución judicial realizado por Ecologistas en Acción al SL1-Valdevaqueros que impide igualmente todo movimiento estructural en dichos terrenos.“A ello se suma la falta de Informe de NO Afección a la Red Natura 2000, prescriptivo por la Unión Europea. Dado a que hay una errónea aplicación de la Directiva de Hábitats de la UE por parte del área de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pues sólo andan solicitando Informes de No Afección a la Red Natura en caso de que estos proyectos estén subvencionados”, dicen. La Plataforma entiende que “estas irregularidades detectadas así como en el proyecto colindante sobre la “Duna de Valdevaqueros” necesitan una intervención judicial para dirimir responsabilidades que la Plataforma entiende como prevaricación”.“Ante de seguir con este tipo de chapuzas y de ir contra el patrimonio medioambiental y del parque natural, se debe instalar una moratoria para que este tipo de chiringuitos y macroaparcamientos no se sigan ejecutando hasta que no tengamos un plan de ordenación para que todo este paraje natural esté regulado”, añadía Javier Gil, miembro de la citada Plataforma.“No es comprensible que los poderes públicos omitan de forma sistemática directivas, leyes, decretos y la propia Constitución española, cuando uno de sus artículos más claros es el 45 que defiende plenamente nuestra postura y exigencia a la utilización racional de los recursos naturales”, insisten. Por otro lado, la Plataforma considera de “escándalo” que 2018 sea el “Año Europeo del Patrimonio Cultural” y que la Consejería responsable “comience el año enterrando yacimientos arqueológicos para permitir que intereses privados se antepongan a los públicos dañando lo que se conoce como la ciudad de “Melaria””. Indican que lamentan que desde el final del año pasado y el comienzo del 2018 “Tarifa se haya convertido gracias a las omisiones de los poderes públicos en reales paraísos de retroexcavadoras que están dejando unos paisajes desoladores”.M.Moreno/RedacciónÁngel Acuña: “Otros prefieren el caos y la anarquía”El delegado de Medio Ambiente ha recordado este lunes sobre el proyecto Eolo que el informe del parque natural es favorable al proyecto, el de Cultura también, que no está en zona de dominio ni servidumbre, y que cuenta con la aprobación por mayoría de la junta rectora y los informes pertinentes del ayuntamiento (el trámite de calificación ambiental es municipal, y también ha sido favorable).“Entre el orden y el caos, otros seguramente prefieren siempre el caos, pero nosotros no. Hay oportunidad de ordenar y regularizar una situación de caos, anarquía y desastre ambiental que se alarga desde hace 30 años. Este verano había cientos de caravanas entrando y saliendo sin control de esa zona provocando problemas”, ha recordado Ángel Acuña.En la Junta “no distinguimos entre informes que nos gustan o que no: el proyecto es del ayuntamiento de Tarifa, la finca es privada, y por fin se está encarando un problema que había que resolver y que cumple con la normativa. Si no hacemos nada nos lo echan en cara, y si encaramos el tema con soluciones tampoco les gusta”. “Lo que propugnan no es el respeto al medio ambiente, es lisa y llanamente, el caos”.Os recordamos que se trata de una actuación reversible y desmontable, no existen obras permanentes, además supondrá la reordenación de una zona que en verano es especialmente caótica, con el estacionamiento de 800-1.000 caravanas.
