En una nota de prensa, la ONCE indica que Cádiz ha registrado un incremento notable de operadores de juego con un 51 por ciento más de vendedores ilegales, que suponen 717 vendedores en la provincia.   Estos datos están recogidos el informe que ha entregado este martes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, al delegado de la Junta, Fernando López Gil.   Cárceles ha mantenido un encuentro con López Gil, responsables de la Jefatura Provincial de la Policía Autonómica, y el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, a quienes ha expresado su «máxima preocupación» por el crecimiento del impacto del juego ilegal en Cádiz y en Andalucía.   Para la ONCE, es precisa una actuación «contundente» de la Junta contra las actividades de los operadores ilegales «porque suponen actuaciones con clara competencia desleal que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las comunidades autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores», ha expuesto Cárceles.MEDIDAS PARA ERRADICAR EL JUEGO ILEGAL   La ONCE y la Unión de Consumidores de España (UCE) lideran una «apuesta decidida por el juego responsable y la seguridad en el trabajo de las personas con discapacidad», ha manifestado Moreno. En este sentido, el presidente de los consumidrores ha recalcado que junto a la ONCE luchan contra el juego ilegal «porque son actos de engaño a los consumidores, ya que les genera una absoluta indefensión sin ningún tipo de control sobre el volumen de ventas, la emisión de papeletas, el porcentaje de premios, o la certeza de los sorteos, y no puede ser que la excusa de la crisis pueda justificar ni dar amparo o cobertura a prácticas ilícitas».   Entre las medidas que propone el informe del juego ilegal para su erradicación, se encuentra la petición de «que se inicien los expedientes administrativos y judiciales que sean necesarios contra las asociaciones que ejercen el juego ilegal por carecer de la debida autorización administrativa, y que se actúe contra las personas que ejercen la venta de productos ilegales y contra los centros de producción de boleto ilegales con el cierre y precinto de estos lugares».   También se estima «necesario» actuar contra los canales de distribución utilizados, y que la ONCE «pueda ser parte interesada en aquellos expedientes administrativos o judiciales que puedan ser incoados a cualquiera de los operadores ilegales intervenidos». Asimismo, se solicita que se cree «un observatorio y una comisión de seguimiento de lucha contra el juego ilegal».DATOS DE ACTUACIONES DE LA JUNTA EN CÁDIZ   Durante 2013 la Policía adscrita a la Junta ha presentado 236 denuncias y ha puesto a disposición judicial a un total de seis personas por presuntos delitos relacionados con el juego ilegal, según el último balance de las actuaciones en la provincia de esta unidad policial.   En la provincia se intervino en 2013 el 65 por ciento de los boletos de juego ilegal de toda Andalucía a lo largo del pasado año, unos 73.895 boletos de loterías que no cumplían la normativa vigente en Andalucía.   Estas cifras suponen un aumento del 237 por ciento respecto a las cifras de los boletos requisados en 2012, que sumaron un total de 21.892 billetes. Los agentes también requisaron 3.275 cartones de bingos ilegales en la provincia, además de requisar más de 1.692 euros en metálico.   En lo que ha transcurrido de 2014 se han puesto 107 actas de denuncia y se han incautado nada menos que 63.615 boletos, apenas unos 10.000 boletos de diferencia con la cifra total de 2013 pese a que aún no ha transcurrido ni la mitad del año en curso.   Desde enero a mayo de este año también ha habido un aumento de las operaciones contra las timbas de póker ilegal. En este periodo se han intervenido casi 5.000 fichas y 70 barajas de cartas.RECAUDACIÓN POR JUEGO ILEGAL   Además de las cantidades que se ingresan por la recaudación de las tasas de juego legal, gracias a las actuaciones contra el juego ilegal se pueden sumar también «importantes cantidades» a las arcas públicas.   Durante el año 2013, por delitos contra la Hacienda Pública, la Policía de la Junta realizó un total de tres atestados en los que hubo tres imputados, en actuaciones que supusieron el ingreso en las arcas públicas de 1,9 millones de euros en concepto de tasas fiscales impagadas de máquinas recreativas.   A esa cantidad hay que añadir otros dos millones de euros recaudados por las sanciones que se han impuesto como consecuencia de los 280 expedientes que ha tramitado el Servicio de Juegos y Espectáculos tras la actuación policial.   De esos, 238 son expedientes por boletos o cupones ilegales; cuatro por apuestas de peleas de gallos; una por partidas de póker ilegales; 31 por máquinas ilegales; tres por salones de juego; y otros tres por bingos.   Cádiz es, con diferencia, la provincia que más expedientes de este tipo ha incoado a través de este departamento de Juegos. La Junta de Andalucía destaca que el juego es una actividad regulada por Ley y que su práctica «está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa».   Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego «perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes». Además, este tipo de actividades irregulares constituye «una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales».