IAM/Redacción EQUO Andalucía ha reclamado este jueves a las Administraciones que garanticen que este invierno “nadie pasa frío por no poder pagar el recibo de la luz”.
Así lo ha solicitado la coportavoz de la formación en Andalucía, Isabel Brito, que ha pedido que los Ayuntamientos, como administración más cercana, pongan en marcha las ayudas necesarias que “si bien anunciadas por muchos consistorios, después en la práctica no llegan a las personas que realmente las necesitan”.
En este sentido, desde el partido verde han reprochado los “trámites interminables y las trabas burocráticas” con las que se encuentran los ciudadanos y ciudadanas que quieren acceder a estas ayudas, así como el “sobresfuerzo que supone para los trabajadores municipales encargados de hacerlo, que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios y se encuentran ante una carga de trabajo difícil de asumir”.
Todo ello provoca que en nuestra comunidad –como en el conjunto del territorio español, donde las ONGs estiman que hay hasta cinco millones de personas en situación de pobreza energética- sean muchas las personas que no ponen el radiador por tener la certeza de no poder pagar el recibo de la luz que les llegará a primeros de mes.
“No podemos permitir que familias enteras estén pasando frío mientras las compañías, esas mismas a las que algunos quieren venderle Doñana, siguen haciendo negocio y enriqueciéndose a costa del bien común”, ha reprochado Isabel Brito, en referencia al último suceso ocurrido en Reus, donde una octogenaria falleció en el incendio de su vivienda a causa de la vela que utilizaba para iluminarla, después de que Gas Natural, contraviniendo la normativa, la dejase sin suministro.
“Volvemos a asistir a un nuevo episodio en el que las grandes compañías se saltan las leyes y quedan impunes –pues así parece que quedará este caso-, mientras las personas de a pie somos las perjudicadas, y esta vez con dramáticas consecuencias”, ha insistido Brito.
A esto tenemos que sumarle el hecho de que el Tribunal Supremo haya anulado el conocido como bono social, el descuento que se aplicaba a familias con bajos ingresos, lo que “obliga a este Gobierno a legislar urgentemente para definir la tarifa eléctrica en función de la renta, pues la electricidad tiene que dejar de ser un producto de lujo para muchas familias”.
EQUO considera fundamental impulsar una transición energética basada en el modelo 100% renovable, “socialmente justa y ambientalmente sostenible”.
Igualmente, tal y como ya señalaron los representantes de la formación en el Congreso, es necesario un plan para paliar la pobreza energética basada en la información al consumidor en todo lo que concierne a los suministros eléctricos, tipos de contrato y sus derechos; la rehabilitación de viviendas para minimizar los gastos energéticos y ahorrar energía, y las ayudas directas a los colectivos más vulnerables.
