TCAM-ANDALUCÍA/M.J.R.
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha comenzado este lunes 23 de abril de 2012 su cuarta jornada de declaración como imputado en la investigación en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en la que ha respondido a las preguntas del PP, que ejerce la acusación en este caso.
Cuestionado sobre los ERE fraudulentos por parte del Partido Popular y el uso del dinero del fondo de reptiles, en referencia a la partida presupuestaria 31L, a lo que el exalto cargo ha contestado que no admite que use el término fondo de reptiles, ya que «se trata de fondos presupuestados».
Fernández, que ha respondido ya a unas 170 de las 212 preguntas que tienen previsto realizar los abogados que ejercen la acusación en nombre del PP, también ha sido preguntado sobre por qué no se elevaban para su aprobación al Consejo de Gobierno determinadas ayudas que superaban los 1,2 millones de euros, y en un primer momento ha dicho que «eso no es así».
Después de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le haya mostrado la legislación que obligaba a que estas ayudas pasaran por el Consejo de Gobierno, el exconsejero de Empleo ha modificado su respuesta y ha dicho que «no sabe» porque no se elevaron determinadas ayudas al referido Consejo.
Los abogados del PP le han preguntado sobre el verdadero destino y finalidad de determinadas ayudas, y el exconsejero ha llegado a negar que conozca esas ayudas. Fernández se está mostrando absolutamente convencido de la legalidad del procedimiento, al tiempo que asegura «desconocer lo que hacía» el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
El Partido Popular, previsiblemente, al igual que el sindicato Manos Limpias, pedirá el ingreso en la cárcel del imputado, ya que entienden que si quedara en libertad podría entorpecer la investigación y existen «indicios claros» de que ha cometido los hechos que se le imputan.
Por el momento, se desconoce la postura que adoptará la Fiscalía Anticorrupción, que sí pidió el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y de su exchófer, Juan Francisco Trujillo.
Sistema de ayudas ideado por la Junta
Durante el interrogatorio al que se está sometiendo a Antonio Fernández, la Fiscalía Anticorrupción se le ha preguntado por el sistema de ayudas que está investigando la juez Mercedes Alaya, y sobre si fue ideado por la Junta para «tener las manos libres y poder disponer de fondos públicos sin control previo ni posterior en beneficio de determinadas personas y en perjuicio del resto de ciudadanos andaluces». A esta pregunta, el exconsejero, negó con rotundidad la implicación de la Junta.
Fernández desveló también la existencia de un informe de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), refrendado por la Intervención General de la Junta, en el que se avalaba el convenio marco suscrito en 2001 por el que se regularon las ayudas que están siendo investigadas.
Así, explicó que en el año 2008, y una vez Juan Márquez sustituyó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social, le dio una serie de instrucciones generales en torno a las ayudas públicas relacionadas con los ERE, y en ese marco Márquez solicitó a IDEA un informe que determinara si el procedimiento de concesión de ayudas era o no correcto.
Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, imputado por el caso ERE
Inclusión en el ERE de González Byass
La última parte del interrogatorio se centró en la inclusión del exconsejero de la Junta en el ERE que en 2008, anunció la empresa bodeguera de González Byass. La Fiscalía reprochó a Fernández que participara en la negociación del ERE y no se abstuviera, a lo que el imputado negó los hechos, señalando que fue en 2008, y no cuando tuvo conocimiento de la investigación judicial, cuando renunció a cobrar la póliza de prejubilación por la que le hubieran correspondido 380.000 euros.
Fernández ha explicado que el presidente de González Byass le pidió una cita en la que, en compañía del asesor jurídico de la empresa, «tuvieron la deferencia de comunicarle que iba a ser incluido por razones objetivas en el ERE y que, por tanto, perdía su puesto de trabajo», momento a partir del cual el imputado «no volvió a recibir ni a la empresa ni al comité de empresa, en línea de apartarse de cualquier acción relacionada con la tramitación del ERE y de la solicitud de ayuda sociolaboral».
Según su letrado, Fernández se abstuvo de participar en la negociación del ERE, porque no entendía que tuviera que hacerlo «formalmente» y no era el órgano competente para resolverlo, lo cual correspondía a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, según la juez, el imputado solicitó en 1983 la excedencia forzosa por cuatro años para incorporarse como concejal al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, pero en 1987, transcurridos esos cuatro años, no pidió la prórroga de esa excedencia ni su reincorporación a González Byass, por lo que no tenía derecho a acogerse al expediente.
Sobre la póliza de prejubilación, el imputado ha dicho que, en julio de 2008, los 94 trabajadores de González Byass fueron citados por el comité de empresa para firmar la póliza y suscribir el boletín de adhesión, lo cual fue firmado por todos menos por el exconsejero de Empleo, por lo que fue en ese momento y no al conocer la investigación judicial cuando renunció a cobrar la póliza.
Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, imputado por el caso ERE
Asumir la responsabilidad
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido a Antonio Fernández que asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero de Empleo, ya que entiende que «tenía que estar al tanto» de lo que ocurría con las ayudas investigadas dado su cargo entre los años 2004 y 2010.
El exconsejero de Empleo ha defendido en todo momento la legalidad del sistema por el que se regulaban las ayudas investigadas y ha subrayado que «no existía ningún criterio jurídico que cuestionara el procedimiento», sino que él actuaba bajo criterios políticos, añadiendo asimismo que desde la Consejería se presentaron alegaciones a los reparos de la Intervención General de la Junta, que se «aquietaba» y las daba por buenas al no responder a las mismas.
Relación cordial con Cháves y Griñán
Sobre su relación personal con el actual presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, y con su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, el exconsejero indicó que era una relación «cordial, pero no de amistad», y que coincidían únicamente en actos institucionales.
También le ha cuestionado por Juan Lanzas, imputado también en este procedimiento como mediador en los ERE fraudulentos, y Fernández ha señalado que «sabía que era sindicalista pero no tenía relación» con él, aunque ha reconocido que la Consejería de Empleo era como «su segunda casa», ya que los sindicalistas «iban a pedir y a mediar en los conflictos». La magistrada le ha puntualizado que Lanzas ya no era sindicalista, y Fernández ha dicho que «para todo» sindicalista o exsindicalista Empleo «era como su segunda casa».
Fernández exculpó al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en esta causa y que prestará declaración el próximo mes de julio, y ha asegurado que conocía el procedimiento que regulaba la concesión de las ayudas investigadas, ya que se trataban en los Consejos de Dirección, pero ha aseverado que «no le consta» que conociera la inclusión de ‘intrusos’, personas que cobraban las pólizas de los ERE sin haber trabajado nunca en la empresa.
