Así lo expone Zaragoza en un escrito con fecha de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que «hace escasos días» ha conocido la intención de la asociación mayoritaria en la carrera fiscal de recurrir el Decreto de 15 de marzo de 2021 de la fiscal general en el que designaba al fiscal de Sala para este cargo.

Por ello, para evitar una «situación que puede provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal», considera que ni «puede» ni «debe» asumir el cargo designado por la fiscal general. Todo ello «por responsabilidad y por lealtad a la institución», indica.

«Es evidente que llevar a los tribunales mi nombramiento, con el inconveniente añadido de colocar bajo el foco no solo la estructura y funcionamiento interno del Ministerio Público, sino también, en lo que a mí concierne, una trayectoria profesional de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal en responsabilidades especialmente relevantes, no es el mejor escenario para poder desempeñar con eficacia el cometido que me ha sido encomendado», afirma Zaragoza.

Así, considera que, «en estas circunstancias, con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales», es «especialmente complicado» cumplir con la función que le ha sido encomendada.

Añade en este sentido que «la polémica generada puede repercutir negativamente y hacer ineficaz el ejercicio de una función que solo puede ser abordada desde la más estricta y leal colaboración entre los diversos órganos del Ministerio Fiscal implicados en la resolución del problema detectado en el Campo de Gibraltar, lo que inevitablemente requiere un trabajo en equipo y la conjunción de esfuerzos».