IU llama la atención sobre el desequilibrio en especialistas en los hospitales de la provincia

TCAM/REDACCION

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, ha instado a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, a “reflexionar” sobre los desequilibrios existentes en los recursos de que dispone el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz de cara a la mejora de la sanidad pública. En Comisión de Salud celebrada esta semana, García, pese a reconocer “la calidad de la atención sanitaria y de los esfuerzos presupuestarios por mantener esta calidad asistencial desde lo público” por parte de la Junta de Andalucía, precisó que es posible “una mejora” de determinados aspectos de la sanidad andaluza.

El parlamentario y vicepresidente del Parlamento de Andalucía dejó claro que el “escenario marco” en el que se mueve actualmente el SAS viene marcado por “las dificultades económicas y financieras que afectan a todas las áreas del Gobierno andaluz” e incidió en la repercusión directa que tiene sobre la sanidad andaluza el recorte de un 23% en políticas sanitarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, así como de un 61% en el fondo de cohesión sanitaria, necesario para avanzar en la equiparación entre comunidades. No obstante, insistió en la necesidad de priorizar determinadas actuaciones como la finalización de obras ya iniciadas como el hospital de La Línea o el Chare de Vejer, actuaciones que según el diputado, “convendría terminar para que no se deteriore lo ya realizado”. Entre estas prioridades, García citó además la conveniencia de actuar sobre algunas de las inversiones pendientes, como el centro de salud de la Zona Norte de El Puerto de Santa María, previsto desde el año 2007 y aún no ejecutado, aunque a su juicio, “dadas las circunstancias demográficas, sería una de las obras a las que habría que dar una cierta prioridad”, al igual que a los centros de salud de Camposoto, Ubrique o Rota.

El parlamentario de Izquierda Unida planteó asimismo, la necesidad de analizar los criterios que utiliza actualmente el SAS para la asignación de especialistas por hospitales. Así y a modo de ejemplo, García citó el caso concreto de Neumología y la disparidad de criterios existente entre el hospital sevillano de Valme, donde “para 355.000 habitantes y 850 ingresos asignados a Neumología se dispone de 11 neumólogos; sin embargo, el hospital de Jerez solo dispone de ocho neumólogos para atender a una población cercana a las 400.000 personas y parece que incluso van a ser siete en breve”.

García llamó la atención además, sobre la diferente cobertura que se proporciona a la ciudadanía en cuanto a las especialidades, según si son atendidos por hospitales públicos o privados-concertados. Respecto a este punto, el diputado destacó la alta proporción de hospitales privados concertados en la provincia de Cádiz, de manera que “de nueve hospitales generales, cuatro son concertados y con la misma empresa” e hizo referencia a los hospitales de San Rafael de Cádiz, Santa María de El Puerto, Villamartín y Sanlúcar, estos dos últimos, dentro de la zona sanitaria de Jerez. El diputado lamentó que aunque teóricamente, estos hospitales de Villamartín y Sanlúcar deberían servir, según la política actual del SAS, para descongestionar al hospital de Jerez, lo cierto es que en el caso concreto de Neumología, “el hospital de Sanlúcar no dispone de consulta de Neumología y el hospital de Villamartín dispone de consulta de Neumología dos días a la semana, con lo cual, en este aspecto con¬creto nos encontramos con que, realmente el hospital de Jerez, sobre todo en situaciones de urgencia, sí que tiene que atender a una población muy grande, pues estos hospitales privado-concertados no suplen, en su conjunto, la cartera de especialidades que se supone que ofrece el hospital de Jerez”. García instó a la consejera a supervisar los recursos que realmente ofrecen los hospitales privado-concertados, “si con ellos se preten¬de sustituir al hospital público para áreas de población importante, como es el caso de Sanlúcar y Villamartín.      

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