IU solicita medidas de la Junta de Andalucía por el accidente del hotel 100% Fun de Tarifa

IAM/Redacción La iniciativa contempla además, que se obligue a Endesa a inspeccionar transformadores instalados en Andalucía y a establecer un plan de renovación de los de más de 25 años de antigüedad o tecnología desfasada. (Foto familiares de los afectados).

La próxima Comisión de Empleo, Empresa y Comercio debatirá una Proposición No de Ley de Izquierda Unida para el esclarecimiento del accidente mortal ocurrido en el hotel 100% Fun de Tarifa, así como para la adopción de medidas extraordinarias de inspección y seguridad en la red de transformadores eléctricos ubicados en Andalucía que pudieran entrañar riesgos para la población.La parlamentaria andaluza de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha resaltado que el trágico accidente ocurrido en las instalaciones del Hotel 100% Fun de Tarifa el pasado mes de agosto, “además de la pérdida irreparable de dos de sus trabajadoras y de las graves lesiones a varios de sus compañeros y compañeras, puso en evidencia que las circunstancias que lo rodearon debían ser analizadas con minuciosidad”.Cabe recordar que el transformador de la compañía Endesa nº 29272, cuya deflagración ocasionó esta desgracia, puso el foco en el estado de dicha máquina, de tecnología anticuada y que probablemente careciera de seleccionador automático de corriente ante sobrecargas a las que se encontraba sometido habitualmente en época estival, tal y como indican los numerosos cortes de fluido eléctrico que se producen en esta zona, en la que apenas había viviendas o equipamientos turísticos a los que suministrar energía eléctrica cuando se puso en funcionamiento el transformador.Paralelamente a las conclusiones que arroje la anunciada e imprescindible investigación iniciada, del procedimiento judicial en curso o de la denuncia presentada por CCOO ante la Inspección de Trabajo, Nieto considera “imprescindible que se avance en dos líneas de trabajo; por un lado, el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades debe agilizarse y llevarse a cabo con diligencia y rigor y, por otra parte, es una responsabilidad del Ejecutivo garantizar que transformadores de la misma antigüedad y características, de tecnología obsoleta y ubicados en entornos habitados, no supongan un riesgo cierto que nos lleve a revivir episodios dramáticos como el vivido en Tarifa”.La parlamentaria andaluza entiende que la empresa no puede dar por saldado el accidente explicando que ha sido una explosión “excepcional y fortuita”, sobre todo si se atiende a la deflagración de al menos otros cinco transformadores en distintas localidades de nuestro país en el último año. Asimismo, señala que “las víctimas del accidente y sus seres queridos, constituidos ya en asociación, merecen respaldo institucional y más allá de las actuaciones judiciales en curso, necesitan que la Junta de Andalucía sea parte activa y diligente en el esclarecimiento de los hechos y revise con minuciosidad el proceder de Endesa, del establecimiento hotelero y de cuantos agentes se hayan visto involucrados en los desencadenantes del accidente y en la gestión técnica, sanitaria, legal o administrativa de las consecuencias del mismo”.Por todo ello, la iniciativa pide que “se mantenga puntualmente informadas tanto a la asociación como a los sindicatos mayoritarios de cuantas gestiones se realicen por parte de la Junta de Andalucía, de los resultados de la investigación en curso, así como prestarles el asesoramiento legal o la ayuda de todo orden que precisen para hacer valer los derechos de las víctimas y garantizar que las mismas sean atendidas y resarcidas convenientemente”.Por otra parte, exige a Endesa la realización de “una inspección extraordinaria de todos los transformadores instalados en Andalucía cuya última revisión se realizase hace más de un año, con supervisión de técnicos de la Junta de Andalucía”, y da “un plazo de seis meses para que la compañía elabore y presente un plan para la renovación de todos los transformadores ubicados en Andalucía cuya antigüedad sea mayor de 25 años o su tecnología no sea la adecuada para la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad”.

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