TCAM-NACIONAL/M.J.R.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha realizado una valoración «sumamente positiva» del acuerdo alcanzado este jueves 17 de mayo de 2012 con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado un informe sobre los resultados de la reunión del CPFF, la vicepresidenta ha destacado que el pacto conseguido ayer marca un «hito importante» para el Estado de las autonomías y supone un «auténtico pacto de Estado y un consenso de alto nivel».
En virtud del acuerdo alcanzado en el CPFF, las comunidades autónomas se han comprometido a realizar un ajuste de 18.349 millones de euros este año para reducir su déficit al 1,5% pactado con Bruselas. De esa cantidad, 13.071 millones procederán de la reducción de gastos y 5.278 millones del aumento de ingresos a través de medidas fiscales.
Sáenz de Santamaría ha resaltado que este acuerdo demuestra que el Estado y las comunidades autónomas son capaces de marcar objetivos comunes, en este caso, la reducción del déficit. Éste es uno de los tres elementos que el Gobierno considera fundamentales para salir de la crisis. Los otros dos según ha explicado, son las reformas estructurales y la del sector financiero.
Responsabilidad
La vicepresidenta ha afirmado que la rebaja del déficit es un objetivo de «primera magnitud» y ha agradecido a los consejeros autonómicos que acudieron a la reunión del CPFF «su responsabilidad en este camino», iniciado con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso sí, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Ministerio de Hacienda controlará el cumplimiento de lo acordado.
De hecho, ha recordado que una de las novedades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que habrá controles mensuales, no trimestrales, como anteriormente, sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas.
Éstas estarán obligadas a informar mensualmente de sus cuentas, «que se trasladarán a números homogéneos», es decir, en términos de Contabilidad Nacional, para conocer el grado de cumplimiento sobre lo acuerdo.
«Es un cambio de mentalidad en todas las administraciones para poner el contador cero», ha dicho la vicepresidenta, que ha valorado especialmente que los gobiernos autonómicos lograran ayer «aparcar sus diferencias» en aras al «objetivo nacional» de recortar el déficit.
Ley de Transparencia
Casi dos meses después de que se colgará en la web del Ministerio de la Presidencia el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para que los ciudadanos aportaran sus ideas, el Consejo de Ministros ha analizado el volumen de visitas y propuestas recibidas para su modificación.
Durante los quince días que estuvo disponible dicho documento, recibió más de 78.000 visitas, y se han enviado por parte de particulares, administraciones y ONGs más de 3.700 aportaciones «de muy diversa índole y diferente calado», según ha informado la vicepresidenta del Gobierno. «Se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse porque respondían a la filosofía de esta ley, en la que vamos a procurar que lo que se incluya, se cumpla. Sería fácil incluir cuestiones que queden en papel mojado», ha aclarado Sáenz de Santamaría.
Entre las las aportaciones de la consulta pública, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que «se ha aceptado la sugerencia de incluir a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público».
Según ha indicado la vicepresidenta popular, los adjudicatarios de contratos públicos tendrán que «hacer transparente la gestión de los mismos». Además, se ofrecerá una información trimestral de los montantes y principales elementos de los contratos de poca cuantía, hasta ahora excluidos de la ley.
Portal de Transparencia
Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, Sáez de Santamaría ha indicado que esta Ley contempla la creación y desarrollo de un «Portal de la Transparencia», una web única para la Administración General del Estado en la que todos los Ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a «un único órgano que se encargará de redistribuirla».
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado sobre este informe que los ciudadanos han reclamado la conversión del «silencio negativo en positivo, pero la petición ha sido desestimada porque hay materias sensibles para la seguridad ciudadana y la defensa nacional», por lo que «actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que entendemos que hay que preservar».
Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que reforzará su independencia ya que su presidente se nombrará mediante un régimen similar al de otros organismos supervisores. Además, la vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno no quiere crear nuevas agencias ni estructuras «que cuesten dinero a los ciudadanos».
Buen Gobierno
En el Código de Buen Gobierno se ha acotado el régimen de procedimiento sancionador de los altos cargos que incumplan las normas previstas en la ley. Según ha informado la vicepresidenta, el Consejo de Ministros será el órgano sancionador para los ministros y secretarios de Estado, mientras que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sancionará la conducta del resto de altos cargos que vulneren tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Además, Sáenz de Santamaría ha anunciado que se aprobará un plan de simplificación normativa «que tiene por objeto que haya menos y mejores leyes, que los ciudadanos y operadores económicos y jurídicos se encuentren con normas más sencillas, menos numerosas y mejor hechas».
Una vez que el proyecto supere todos los trámites, la parte de la Ley que se refiere al Código de Buen Gobierno entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, y la parte relativa a los portales de transparencia lo hará en el plazo de un año.
Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado a los periodistas que la Casa Real no forma parte de las Administraciones Públicas y, por tanto, como ocurre en otros países, no se someterá a dicha ley.
Bankia
Sobre la situación de Bankia, la vicepresidenta ha trasladado un mensaje de tranquilidad a inversores e impositores y ha garantizado la solvencia de la entidad. Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Ministerio de Economía y Competitividad dará a conocer el próximo lunes 21 de mayo, los nombres de las dos entidades auditoras que se encargarán de llevar a cabo la auditoría del sector financiero español. Ésta se hará en dos fases: «una muy rápida y otra posterior más pormenorizada».
En cuanto a la situación económica, la vicepresidenta ha subrayado que la Unión Europea «ha puesto en valor algunas de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno».
Respecto a la renovación de los cargos directivos de RTVE, la ministra ha insistido en que «no es el Gobierno el que debe dar los nombres, sino los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a través del trámite correspondiente». En este sentido, ha sostenido que el objetivo del grupo parlamentario popular es lograr el máximo consenso.
