En un comunicado, Sanz ha lamentado que la «confrontación contra el Gobierno del PP que de manera reiterada viene haciendo la Junta pueda frenar la venta de la finca La Almoraima» y, por tanto, «su proyección de futuro y creación de empleo, que es el verdadero objetivo que pretende el Gobierno de la nación con ello». El dirigente ‘popular’ ha culpado a la Junta de Andalucía de ser la causante de esta situación, «crispando el ambiente con mentiras y paripés con el único objetivo de sacar rédito político de todo esto». Asimismo, Sanz ha recordado que el Gobierno de la nación ha mostrado «en todo momento su predisposición a llegar a acuerdos y a dialogar sobre el asunto, principalmente con el Ayuntamiento de Castellar». Por ello, el presidente de los ‘populares’ gaditanos lamenta que el Gobierno de la Junta «opte siempre por la pelea política sin tener en cuenta las repercusiones negativas que sus decisiones conllevarán para el municipio de Castellar y toda la comarca del Campo de Gibraltar». A su juicio, la actitud de la Junta, «que ha provocado la crispación en todos los ámbitos y entidades implicadas en este asunto», es de «claro paripé y de falsa política», argumentando que «no tiene sentido que la Junta venda la protección medioambiental de la finca, cuando el 90 por ciento de la misma ya forma parte del Parque Natural y el diez por ciento restante no tiene las características especiales para ser incluido». Además, también considera «un paripé» el hecho de que la Junta diga que quiere evitar desarrollos urbanísticos, cuando «es la Administración autonómica la que tiene el cien por cien de las competencias para evitar cualquier uso especulativo, abusivo o incompatible con el medio ambiente, pues son los responsables en la Ordenación del Territorio», apuntando que, por tanto, «no es necesario una ampliación de los límites del Parque Natural». Por ello, pide que la Junta de Andalucía cancele la convocatoria que tiene prevista celebrar este miércoles y «dé marcha atrás en su proposición de ampliación». Para Sanz, esta «política de confrontación de la Junta, implicando en ella a otras entidades, conlleva un grave perjuicio, no sólo en La Almoraima, sino que ha provocado inseguridad jurídica de los posibles inversores en la zona». En este sentido, considera «muy dañino para el inversor» el discurso del PSOE y lo califica de «gran irresponsabilidad», advirtiendo de que también genera «un daño a pequeños agricultores». Por último, Sanz ha señalado que la unión de las administraciones y de todos los agentes implicados en un asunto es «la única forma de conseguir grandes logros». Por ello, insiste en pedir «responsabilidad» a todos para «no frustrar este proyecto que tiene por objeto ser un revulsivo económico y de futuro para Castellar y el resto de la comarca, siendo impulsor de creación de empleo en la zona».
