En un comunicado, Sánchez ha defendido que, ante la incertidumbre y panorama tan desalentador al que se enfrenta el sector turístico en general y en especial en la provincia de Cádiz debido al Estado de Alarma que ha obligado al cese de la actividad y las dudas sobre la vuelta a la normalidad, «el sector necesita ser tenido en cuenta con medidas especiales».
Así, en relación a la actividad de los chiringuitos ha considerado que la suspensión del canon de Costas «es una medida más que justificada, ya que estos empresarios no van a poder obtener beneficios, al menos durante la temporada alta, de estas actividades complementarias ligadas a los servicios que ofrece un chiringuito».
En este sentido, la portavoz popular ha resaltado que «el cobro de la tasa este año es prácticamente un robo porque nadie sabe si van a poder o no abrir sus establecimientos y en qué condiciones podrán hacerlo».
Por todos ello, el PP de Cádiz ha reprochado que la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Gobierno central, «haya denegado a los empresarios el suprimir tal canon, emplazando a quien lo ha solicitado a acogerse a un aplazamiento de estos pagos».
«Se trata de una muestra más de insensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ante la difícil situación por la que están atravesando miles de personas en estos momentos, que no sólo han perdido sus empleos y fuentes de ingreso sino que también se ven obligados a hacer frente al pago de impuestos, lo que complica aún más su situación», ha afirmado Sánchez.
Al respecto, ha apuntado que en el caso de la provincia de Cádiz el canon afecta a más de un centenar de chiringuitos en los que trabajan más de 2.500 personas, «unos empresarios y trabajadores que ven cómo desde el Gobierno de España se ponen trabas y más trabas en el momento más complicado».
Por último, la portavoz provincial del PP de Cádiz ha insistido en la necesidad de que se suprima el canon a los chiringuitos y ha anunciado la presentación de mociones en todos los ayuntamientos del litoral gaditano, así como en el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados «para exigir una medida que es de justicia y que supondría proteger a un sector, el de los chiringuitos, que ahora más que nunca, necesita del apoyo de todos».
