El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado reclamaciones al Presupuesto elaborado por el Gobierno provincial del PP para 2014, ya que esas previsiones económicas “incumplen lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales, porque omiten el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones que le son propias y muestran una insuficiencia de gasto en torno a actuaciones previstas y que forman parte de sus competencias”. Así se ha manifestado el diputado socialista José María Román, quien ha destacado que “además de haber llevado al Pleno más tarde que nunca los Presupuestos para su aprobación inicial, este Gobierno del PP con mayoría absoluta en la Corporación ha sido incapaz de reflejar en ellos las obligaciones que le serán exigibles a lo largo del ejercicio”.Las reclamaciones planteadas por el Grupo Socialista hacen referencia al “bajo nivel de ejecución presupuestaria que se viene observando en los capítulos VI y VII de gastos de la Diputación, así como a los correspondientes del IEDT”. En este sentido, “planteamos que se realice un ajuste que permita tanto cumplir con las obligaciones de asistencia a los municipios recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local como ajustar las previsiones de gasto a lo realmente ejecutado año tras año”. “Carece de sentido presupuestar anualmente cantidades que se sabe que no se van a gastar. Al contrario, como se recomienda para el mejor gobierno, los gastos deberían plantearse de forma plurianual, lo que además permitiría lograr financiación para afrontar otras obligaciones de asistencia a los municipios”, ha explicado José María Román.
El diputado socialista ha asegurado que “la principal necesidad de esta provincia, de sus pueblos y de su ciudadanía es la creación de empleo. Por ello, las reclamaciones a los Presupuestos incluyen la exigencia de la puesta en marcha de un plan de empleo real y que se traduzca en la contratación de parados con cargas familiares y en riesgo de exclusión social y de tantos jóvenes que siguen esperando una oportunidad laboral, en una provincia en la que uno de cada seis de nuestros 196.777 desempleados no ha trabajado nunca”. La propuesta socialista pasa por que ese plan de empleo, que “vaya más allá de los fuegos de artificio”, cuente con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros.
Román ha enumerado otras obligaciones de la Diputación que merecen “una mayor y mejor atención presupuestaria” por parte del Gobierno provincial del PP, que “de una vez por todas tiene que volver su mirada hacia los ayuntamientos y dar una respuesta a su alarmante situación financiera”. Entre esas demandas destaca la inclusión en los Presupuestos de una línea económica dotada con un mínimo de dos millones de euros y destinada a que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan afrontar sus gastos corrientes; así como la inclusión de una partida inicial de 10 millones de euros en forma de Plan Especial de Financiación que dé respuesta a “los especiales problemas de liquidez de municipios por encima de ese umbral de población, de forma que no vean hipotecado el día a día de su gestión”. Este último punto sería de gran interés, especialmente, para consistorios como La Línea, Los Barrios y Barbate.
Paralelamente, y en aras a apuntalar al tejido productivo de los pequeños pueblos, las reclamaciones del Grupo Socialista incluyen la creación de “un plan de ayuda, en forma de créditos reembolsables y dotado con un mínimo de dos millones de euros, que atienda las necesidades de tesorería o de liquidez del tejido empresarial radicado en los municipios menores de 20.000 habitantes”. “Más allá de proyectos grandilocuentes, los pueblos necesitan que la Diputación se implique en su realidad socioeconómica y que apoye a los pequeños empresarios, que son quienes sostienen el empleo en unas localidades a las que difícilmente puede llegar una gran inversión empresarial”, ha señalado.
Junto a estas reclamaciones aparece una más, ligada al mantenimiento y conservación de la red viaria provincial. “Las carreteras dependientes de la Diputación vienen sufriendo una alarmante falta de inversión por parte de un Gobierno que gasta más en anuncios publicitarios que en alquitrán, pintura y señales, que únicamente busca golpes de efecto y que en estos cuatro años de mandato muy probablemente no invertirá siquiera el equivalente a la cantidad que los socialistas invertimos en la red viaria provincial en cualquiera de las anualidades entre 2007 y 2011”, ha destacado José María Román, quien ha justificado la petición de que esa partida cuente con “una dotación mínima de siete millones de euros, la media anual que el Gobierno provincial del PSOE dedicó en el último mandato a las carreteras dependientes de la Diputación”.Además, el Grupo Socialista plantea que el mantenimiento del convenio de residuos sólidos urbanos suscrito con los municipios menores de 20.000 habitantes alcance una dotación mínima de 1,5 millones de euros.
A juicio de José María Román, esta exigencia es “muy importante para esas pequeñas localidades, en un momento en que los consistorios atraviesan una precaria situación económico-financiera”.Las aportaciones de la Diputación al Consorcio Provincial Contra Incendios también son objeto de una reclamación. En ella se recuerda que la aportación de la Corporación en el año 2011 ascendió a casi 8,3 millones de euros, una cantidad que para la anualidad 2012 quedó reducida hasta quedar ligeramente por encima de los 6,2 millones. “Esta última cantidad estuvo tan debajo de las obligaciones previstas que, ya a lo largo de 2013, el Gobierno provincial del PP se vio obligado a aprobar una modificación de crédito para cubrir el déficit presupuestario de 2012”, ha explicado el diputado socialista, quien ha añadido que “las previsiones para este ejercicio 2014 vuelven a recoger una aportación inferior a la de 2011, lo que se traducirá nuevamente en una insuficiencia de consignación presupuestaria, por debajo de las previsiones y necesidades del Consorcio”.
Finalmente, la nómina de alegaciones se detiene también en la relación de puestos de trabajo. Respecto a ella, se recuerda que el Tribunal Supremo establece la necesidad de abrir una negociación al respecto con los representantes legales de la plantilla, “sin que pueda admitirse el mero informe o consulta a la parte sindical”. Así, José María Román ha explicado que “a tenor de lo manifestado por los propios sindicatos de la Diputación, en ningún momento se ha producido negociación alguna. A lo más que ha llegado el Gobierno provincial del PP ha sido a informarles de su decisión al respecto, con lo que entendemos que el acuerdo de aprobación es nulo de pleno derecho al no haberse constituido la mesa negociadora y no haberse producido tal negociación”.
