Un proyecto de desarrollo turístico sostenible para la finca La Almoraima, ubicada en Castellar de la Frontera (Cádiz), con el objetivo de rentabilizar los terrenos y crear empleo en la zona. Según indica la Junta en un comunicado, en su misiva, el consejero afirma que «la posible venta» de la finca ha generado «una preocupación muy importante», al tratarse de una comarca, el Campo de Gibraltar, «donde el drama del paro se deja sentir con especial virulencia», por lo que, en su opinión, las decisiones que las administraciones adopten sobre la misma deben estar motivadas por «el ánimo de proyectar el potencial» de los terrenos en la «generación de empleo». En este sentido, recuerda que el Plan de Usos propuesto por la dirección de la finca y que suponía el «principal atractivo para posibles compradores», ha sido «descartado» por su «incompatibilidad con los valores medioambientales del espacio» y que la Junta va a ampliar los límites del Parque Natural de los Alcornocales para incluir la parte de la superficie de los terrenos que aún no estaba dentro del mismo. Rodríguez considera necesario abrir «una línea de trabajo conjunto» para identificar «nuevas actividades productivas» en La Almoraima y convertirla en generadora «de riqueza y de empleo», así como en «referente de sostenibilidad». «Las oportunidades turísticas son extraordinarias y sólo precisan de una planificación que conviertan la conservación de sus valores ecológicos en el mayor de sus atractivos comerciales», asegura. El consejero manifiesta, asimismo, que «lejos de ser incompatible, la titularidad pública de La Almoraima nos permite explorar fórmulas que, desde la cooperación institucional, nos lleven a la deseable rentabilidad económica de la finca y a su adecuada conservación» e insiste en que cualquier proyecto de futuro «precisa de la colaboración» del Gobierno central, y del Ministerio de Agricultura, en particular. Por ello, concluye que, «en aras a superar las dificultades actuales, es por lo que te solicito una reunión en la que analicemos esta situación, e intercambiemos opiniones sobre la colaboración que desde el Estado, la Junta y el propio Ayuntamiento podamos brindar para satisfacer las aspiraciones de la sociedad y conciliar el interés general con los legítimos puntos de vista de todas las partes implicadas».
